El Concello de Ares volvió a sorprender a la asociación que trabaja por la defensa de los derechos civiles en Galicia después de que saliera publicado en un medio de comunicación unas informaciones que contradecian las afirmaciones que el gobierno local realizó ante el Defensor del Pueblo a respeto del funcionamiento de las cámaras instaladas en el edificio consistorial, de manera ilegal.


Según salía publicado en la prensa, desde el gobierno municipal se manifestó que las cámaras no están en funcionamiento desde que se tiene conocimiento de la irregularidad, así como que ya se solicitaron los permisos pertinentes, algo que podrá hacerse efectivo en días.

No obstante, en el escrito remitido al Defensor del Pueblo, la entidad municipal asegura que los equipos instalados en el exterior del Ayuntamiento, únicamente tienen un efecto disuasorio, ya que no registran imágenes aún, por que no tienen la autorización pertinente, no se registran imágenes de ninguna índole.

Desde lo MpDC indican que ambas explicaciones son contradictorias y, o bien el gobierno de Ares mintió al Defensor del Pueblo, o bien transmitió una información errónea al periodista, ya que en el documento remitido al Defensor no se menciona en ningún momento que los dispositivos de videovigilancia estuvieron grabando a los ciudadanos durante un tiempo. Del mismo modo tampoco se explica que fue de las imágenes tomadas ni quien se encargó de su gestión, en caso de que realmente existieran.

La asociación recuerda al Ayuntamiento su deber de respetar la legislación vigente en materia de videovigilancia y su deber de retirar todas las cámaras, ya que hasta el momento no cuenta con la autorización correspondiente.

Del mismo modo solicita a la Delegación que no conceda este permiso, ya que la efectividad de estos sistemas de control ciudadana no está probada, existen precedentes de uso fraudulento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el argumento del efecto disuasorio manejado por el Ayuntamiento de Ares para justificar la instalación de los dispositivos no semeja adecuarse a los principios de idoneidad y proporcionalidad establecidos por la normativa actual.

Asimismo, desde la asociación recuerdan que las cámaras suponen un método que invade directamente el derecho a intimidad y la vida personal de las personas, derechos fundamentales recogidos en la Constitución, cuando existen alternativas menos intrusivas.

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