El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, Federico Trillo, afirmó esta mañana, en el tercer curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el Pazo de Mariñán, en el municipio coruñés de Bergondo, que “el pueblo español no confía mayoritariamente en la Justicia y los políticos somos en gran parte culpables de esa situación”. El representante del Partido Popular añadió además que “la politización del Consejo General del Poder Judicial tampoco contribuye a mejorar el panorama”.

En su intervención, calificó también de insostenible “el deterioro del Tribunal Constitucional” y, en ese sentido, instó a su presidenta, María Emilia Casas, a “que se tomen las medidas necesarias para resolver una situación de parálisis que sólo sirve para agravar la situación”.

El alto tribunal admitió a trámite en el 2006 el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Los dirigentes que se encargaron de su interposición fueron Soraya Sáenz de Santamaría y el propio Federico Trillo. Justificaron la iniciativa porque, en su opinión, la reforma del estatuto suponía, en la práctica, “una constitución paralela”. Desde hace tres años, los populares esperan a que el tribunal se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad y esa fue de una las cuestiones en las que el ponente centró su discurso de esta mañana.

Aunque el diputado popular se mostró esperanzado y dijo que ésta podría ser una legislatura fructífera, también subrayó que “ después de tres décadas de democracia aún no hemos tenido una legislatura en la que la Justicia haya sido la gran protagonista”.

“Lo que quiere realmente el ciudadano –resaltó- es que su pleito se resuelva en menos de un año y no verse obligado a soportar esperas interminables”. Para ilustrar su afirmación con un ejemplo revelador, aludió a la rapidez con la que la justicia en Estados Unidos resolvió el caso del financiero Bernard Madoff, acusado de estafar a miles de clientes en todo el mundo.

La informática jurídica, a su juicio, es uno de los asuntos que más ponen de manifiesto la desidia de las fuerzas políticas para alcanzar la legislatura de la Justicia. “Es un disparate –dijo- que en estos momentos funcionen ocho sistemas informáticos en otras tantas comunidades que no son compatibles entre sí. Es una verdadera incongruencia que además ha costado mucho dinero”.

Para evidenciar lo poco que se ha avanzado, en su opinión, Federico Trillo puso como ejemplo el Parlamento de Cánovas del Castillo, en el siglo XIX, concretamente entre los años 1886 y 1890 “una legislatura fructífera en la que se aprobó el código civil, la ley de enjuiciamiento criminal, una ley general de obras públicas y otra de lo contencioso-administrativo”.

También criticó la autonomización de la Justicia y manifestó, en ese sentido, que “un problema multiplicado por diecisiete se agrava mucho más. No puede ser que cada autonomía trate de imponer su particular modelo de impartir justicia y encima pretenda ir por libre”.

Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Jané, subrayó la importancia de la reforma procesal que se ha alcanzado, por consenso, en esta legislatura. “Hay que tener en cuenta –aseguró- que modifica diecisiete leyes parciales y, por lo tanto, yo creo que tenemos motivos suficientes para mostrarnos optimistas”

En su discurso, el político catalán advirtió igualmente del riesgo de que cualquier acuerdo que se adopte se consiga sólo con mayorías aritméticas. “El consenso –destacó- es fundamental y lo contrario sólo conduce a generar inestabilidad política y a una situación de provisionalidad”.

La ley de Planta y Demarcación Judicial también fue objeto de atención en su discurso. “Tenemos – señaló- que rediseñarla teniendo en cuenta la nueva carga demográfica de España. Ese es un elemento que no puede quedar al margen si queremos ser eficaces”.

Calendario de actuaciones


El portavoz del PSOE en la comisión de Justicia, Julio Villarubia, insistió en la necesidad de “cambiar los métodos de trabajo y optimizar los recursos existentes”. También coincidió con el representante del Partido Popular en que “es una incongruencia que, algunas comunidades autónomas, dispongan de sistemas informáticos para gestionar la administración de Justicia que resultan incompatibles entre sí. Es una situación que no puede mantenerse por más tiempo”.

Un calendario concreto de actuaciones, una hoja de ruta y la dotación presupuestaria correspondiente son, en opinión del político socialista, las tres referencias fundamentales a la hora de abordar una reforma en profundidad de la Justicia.

También se refirió en su ponencia a la nueva regulación de la jurisdicción universal. “Era necesaria –apuntó- y además es uno de los temas en los que se ha alcanzado el consenso con el resto de las fuerzas políticas”.

Por lo que respecta a los temas de futuro, Julio Villarrubia adelantó que “es importante acometer una reforma del código penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal para eso vamos a intentar llegar a un acuerdo con los restantes partidos políticos”.

“En cualquier caso- concluyó- lo que podemos destacar a modo de balance es que hay elementos suficientes para poder decir que ésta puede ser la legislatura de la Justicia en España. Todos los partidos políticos hemos hecho importantes concesiones para que así sea y yo me felicito por ello”.

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