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El marido de la Jueza de Instrucción 2 de Santiago se une al letrado de la Consellería de Sanidad-Sergas Millán Calenti como testigo de cargo e investigador en los registros públicos contra Miguel Delgado.

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05 Febrero 2020 2648 votos

monterovillar marido magistrada 2 de santiago ymillancalentocontramigueldelgado


FUNCIONARIOS QUE INVESTIGAN A UN PERIODISTA EN TODOS LOS REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE GALICIA EN PARALELO A LA INTERPOSICIÓN DE QUERELLAS CRIMINALES POR CALUMNIAS es contra quienes se dirige la Directiva Europea de protección de denunciantes de corrupción...+.

Como ya conocen nuestros lectores el periodista Miguel delgado esta sufriendo todo tipo de acoso y persecución judicial desde altos cargos  del PPdeG al que le han denegado el cumplimiento de la "Directiva Europea de protección a denunciantes de corrupción", nada sorprende al  periodista ese desmesurado interés en su persona por quienes deberían mostrarse como los más interesados en la transparencia al vivir de la  función pública y no perseguir al que denuncia su incumplimiento, ya que es la democracia y la ética del funcionario público al revés.  Letrados dentro de los Letrados de la Xunta con administracion dentro de la administración liderados por Millan Calenti... Descargar este archivo (letrados-xunta-5-2-2020.pdf) letrados-xunta-5-2-2020.pdf

¿Podemos investigar a cualquier persona independientemente de la relación que tengamos con ella?. La respuesta es no.  https://www.delphosdetectives.com/2017/10/podemos-investigar-cualquier-persona-independientemente-la-relacion-tengamos/ Delgado ha invocado  la facultad prevenida en el artículo 21.7 de la Directiva de la UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019  relativa a la protección de las personas que informen sobre; preservada el día en 5 Feb. 2020 08:16:45 UTC http://archive.is/A5Awy  corrupción y sean persegudios judicialmente y administrativamente por delitos de calumnias e injurias, como lo es el periodista Miguel  Delgado en ambas querellas de Mar Sánchez Sierra y Millan Calentoi al que le piden más de 16 años de cárcel, 300.000 euros y persecución  judicial de sus familiares en las que se encuentra vinculado por su propia voluntad e interés manifestado públicamente en documentos públicos del Sr Montero Villar marido de la magistrada del Juzgado 2 de Santiago....+

 En esta persecución al periodista se suma el marido de la Magistrada del Juzgado número 2 de Santiago desde su posición de poder y jurista  contra un ciudadano particular, que se pregunta, que interés pueden tener ambos en las gestiones legales que realiza el periodista ante la  Xunta de Galicia para pedir datos de todos sus registros, pretendiendo amedrentarlo para que no presente escritos de ningún tipo  ante la administración, en el caso del Sr Montero Villar, ( Secretario del CECOOP - USC) y miembro del bufett Aristeia Abogados,S.L.P http://archive.is/oBpRk#selection-429.0-429.26 en Santiago, preservada captura el 5 Feb. 2020 07:55:57 UTC en; http://archive.is/1XAGq  entiende el periodista que a la luz de los documentos, podría tener miedo y terror a que le investigue HACIENDA, por que pide exclusivamente  copia del registro de las solicitudes de Miguel Delgado ante a Consellería de FACENDA y que achacamos a los documentos cuyas referencias  acreditan el trasiego de informes del CECOOP del Sr Millan Calenti y suyos personales en los que acredita la Fiscalía de Santiago que, el  asiento en las cuentas del CECOOP no son facturas, si no, " PROPUESTAS DE PAGO INTERNAS " a lo que entendemos que podrían estar sin declarar, por que, con facturas o sin ellas, constan acreditado que han generado auto-pagos de 1.800 euros cada uno al CECOOP que recibe subvenciones de la  Xunta de Galicia solicitadas por el Sr Millán Calenti desde su faceta de Investigador ( ver documento adjunto ), por otro lado también  sospechamos de que el Sr Montero Villar pueda disponer de información confidencial del periodista Miguel Delgado ( que no tiene nada que esconder ni en privado ni públicamente) recabada sin su  autorización que desee constrastar, en ese caso le recomendamos que como letrado contratado por el Sr Calenti y testigo de cargo en su  querella criminal pueden pedir de oficio como manda y permite la Ley toda la documentación e investigaciones que consideren oportunas, así evitarían mostrase en público con el desmesurado interés en perseguir al periodista  que vive de una pensión no contributiva de 392 euros al mes...

Un poco de jurisprudencia para ilustrar a ambos letrados sobre la confidencialidad de datos personales sobre particulares:

Los datos contenidos en los registros públicos de particulares están protegidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento europeo 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y no entran dentro del ámbito objetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Por lo tanto, no puede accederse a la petición del Sr Calenti ni ningún otro de conformidad con los artículos 5, 6 y con la Disposición Adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como con el artículo 15.3 apartado d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Los datos que se solicitan sobre los registros en la Xunta de Galicia de Miguel delgado son datos de carácter personal, no información pública. El artículo 4.1) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), define “datos personales” como: “Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”.

A su vez, el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales recoge el deber de confidencialidad de los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, recoge en su artículo 1 “el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica”. Y el artículo 5 de la Ley citada ley señala que “los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este están sujetas al deber de confidencialidad al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679”.

Y como bién conocen ambos letrados hay a la luz de los hechos documentados en sus propias resoluciones indicios suficientes del art 428, 429, 430 del Código Penal que dice;

428.- El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

429.- El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

430.-  Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los dos artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. Si el delito fuere cometido por autoridad o funcionario público se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cuatro años.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

¿Podemos investigar a cualquier persona independientemente de la relación que tengamos con ella?. La respuesta es no.

La LEGITIMIDAD en el encargo de una investigación. Este concepto aparece en la Ley de Seguridad Privada 5/2014 en relación a la contratación  de los servicios de un detective privado. Inclusive la propia investigación judicial dentro de unas diligencias de investigación judicial esta limitadas y tienen que ser muy concretas y fundamentadas en el interés que debe prevalecer sobre la investigación.

Por tanto, la Ley de Seguridad Privada 5/2014 exige que quien solicita  la investigación debe ser alguien que tenga derecho a disponer de la información y pruebas que encarga sobre esa otra persona, de manera que  quede protegido el derecho a la intimidad de la persona que se investiga.

Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) 2018

....,la AEPD ha analizado la base jurídica de los tratamientos de datos por parte de Administraciones Públicas en un Informe. Y señala que  la ley “no considera el consentimiento como un fundamento jurídico válido para el tratamiento de los datos por una Administración Pública”.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Última actualización publicada el 06/12/2018

Pero el Artículo 95 de la Función Pública, y la  LEY 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia Y también es explícito en este sentido o el Art 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la investigación de particulares QUE AMBOS LETRADOS DEBERÍA CONOCER A LA PERFECCIÓN.

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