Más de más de 5,000 personas fueron detenidas y más de 1.500 procesadas en Cunba muchos gallegos/as y Feijóo sigue sin pronunciarse.

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Patria y Vida | 03 Marzo 2022 | 386 Votos | Correo electrónico | Imprimir

Patria y Vida | Xornal GaliciaEn los últimos 12 meses 1.167 prisioneros políticos verificados han formado parte de la lista de Prisoners Defenders en Cuba. Con 135 se inició febrero de 2021. Desde entonces hasta final de enero de 2022 se han sumado, además de éstos 135, otros 1.032 prisioneros políticos nuevos a lo largo de estos 12 meses, siendo 1.007 los prisioneros políticos en Cuba condenados, y verificados por Prisoners Defenders, en estos momentos.


Reconocemos que esto nos es más que una fracción, entre el 60% y el 70% de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable por organización alguna salvo, por supuesto, por el régimen de la isla.


De entre los 1.007, hemos conseguido documentar 869 prisioneros políticos del 11J, además de las decenas de ellos liberados con unas multas -de cuantías exacerbadas para Cuba- en los últimos meses. Sorprende leer la nota de prensa emitida por Cuba, donde indica menos casos (“790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos”) que los nombres que hacemos públicos las ONGs. Ya resulta evidente que el Gobierno de Cuba oculta la verdad y, así, sólo indica las cifras de los hechos de “mayor connotación”.

Prisoners Defenders ha sostenido desde el inicio de esta razzia que más de 5,000 personas fueron detenidas y más de 1.500 procesadas. La realidad y el trabajo constante de nuestros activistas en la isla, así como el de todas las ONGs, las familias de afectados y toda la sociedad civil, están poniendo de relieve la tenebrosa realidad de Cuba en estos momentos.

Prisoners Defenders, de entre los 1.500 y 2.000 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos a millares desde el 11j ha podido constatar una lista de 1.007 casos de prisioneros políticos en este mes de enero pasado.


De éstos 1.007 casos:

  • Al menos 869 casos analizados pertenecen a la represión derivada del 11j en Cuba, cifra que es, repetimos, una fracción inferior al 70% frente al total generado por la ola represiva, pues resulta del todo imposible conocer los casos entre la población.
  • Son 33 los menores, 29 niños y 4 niñas procesados en nuestra lista: de 13 años, uno; de 15 años, tres; de 16 años, nueve; y de 17 años de edad, veinte; según la edad documentada en la detención. 20 están condenados con una pena media de 7,3 años de privación de libertad, de los que a 8 de ellos se les ha subsidiado por trabajos forzados sin internamiento o limitación de libertad.
  • El 50% al menos, 16 niños y niñas, han sido acusados de Sedición.
  • En total, 168 prisioneros políticos verificados han sido procesados con el cargo de Sedición.
  • Al menos 629 prisioneros ya han sido sentenciados, y 257 de ellos con penas de más de 10 años, el 41%
  • Al menos 130 mujeres son prisioneras políticas del régimen de Cuba.
  • Todo ello teniendo en cuenta que este mes hemos sacado de la lista 41 casos que han sido liberados de cargos penales entre este mes pasado y el anterior.

Estas cifras son escandalosas, terroríficas, y sólo una parte de las cifras reales, como hemos dicho. Ahora veamos el calvario de represión que, además, sufren las madres.

Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de enero de 2022, a 1.007 prisioneros políticos (ver lista), pero además reconocemos, como cada mes, los otros 11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, mediante condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito alguno cometido (como indica textualmente el Código Penal en su artículo 76.1 para estas 11 mil condenas), al contemplar el Código Penal que serían personas proclives a cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal). Así, les imponen penas de 1 a 4 años de prisión sin delito investigado ni cometido, como hacía Francisco Franco con los homosexuales y la “Ley de vagos y maleantes”, legislada en la República de Manuel Azaña en el año 33, pero también profusamente aprovechada por el régimen franquista posteriormente.

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