La corrupción política es la que más alarma social genera o, al menos, la que más despierta al pueblo. Sin embargo, existen otros tipos de elementos corruptos dentro del aparato del Estado cuyos comportamientos son totalmente ajenos a la opinión pública. El problema lo encontramos cuando hay personas que están dentro de la Administración, ven lo que está ocurriendo y, por su ética o por el amor que sienten hacia lo que esas instituciones representan para el pueblo, dan el paso de denunciar la corrupción. ¿Se castiga a los corruptos? En España se activa un protocolo de destrucción absoluta de quienes tienen el valor de presentar ante quien corresponde lo que está ocurriendo. Esto no ocurre sólo con personas particulares sino con empresas o medios de comunicación que también están denunciando modelos corruptos en sectores financieros que están dejando a su paso millones de personas afectadas. En su caso, Diario16 expuso la situación en la que se encuentran las 305.000 familias arruinadas en el Caso Banco Popular, las historias que recibimos en nuestra redacción sobre la situación de estas personas, algunas, incluso, que sólo ven como única salida a su situación el suicidio.

Diario16 ha sido el único medio invitado por una importante representación de denunciantes de corrupción españoles en el Parlamento Europeo. Dos eurodiputados españoles, Javier Couso, de Izquierda Unida, y Jordi Solé, de ERC, se han asombrado ante los duros testimonios que las víctimas del aparato corrupto del Estado han relatado con toda crudeza. Tan impactante ha sido lo que en esa sala del Europarlamento se ha contado que uno de los eurodiputados ha cancelado compromisos que tenía programados para quedarse allí y escuchar.

Un militar expulsado del Ejército, un juez condenado a 20 años de inhabilitación o una Guardia Civil del Seprona, han coincidido en una cosa: España no protege a quienes tienen el valor, desde dentro de las instituciones, de denunciar la corrupción sistémica que existe, sino que, por el contrario, esos mismos organismos, que deberían estar empeñados en limpiar sus sótanos de la ponzoña corrupta, les machacan, ponen todo su poder de influencia y económico al servicio de quienes quieren evitar que sus comportamientos espurios salgan a la luz o tengan el castigo que la ley dispone para los mismos.