La Directiva Europea pasada por el forro de los aguacates y la Oficina Informante lideres del Acoso judicial y psicológico: la persecución contra el periodista Miguel Delgado por denunciar corrupción. Cientos de documentos públicos descargables mediante liencia GNU con sobrados indicios de corrupción bajo la total impunidad.
El 17 de diciembre de 2024 se cumple el aniversario de la Directiva Europea de Protección a los Denunciantes de Corrupción, una normativa fundamental que debía haber sido implementada por los Estados miembros de la Unión Europea para garantizar la seguridad y los derechos de quienes se atreven a denunciar prácticas corruptas. Sin embargo, en Galicia, la aplicación de esta directiva es un claro ejemplo de incumplimiento, dejando a denunciantes y periodistas desprotegidos frente a represalias.
En este contexto, emerge el caso del periodista Miguel Delgado, quien ha enfrentado una campaña sistemática de acoso judicial y psicológico que ha puesto en riesgo su salud y su vida. Este caso no solo denuncia la falta de garantías para los denunciantes de corrupción en Galicia, sino también cómo el sistema judicial puede ser instrumentalizado para silenciar voces críticas.
Red por la Justicia: Denuncia contra el sistema de antiinformantes en Galicia
(Red por la Justicia) - Detalles sobre el incumplimiento de la Directiva Europea de Protección a los Denunciantes y los casos de represalias contra periodistas como Miguel Delgado en Galicia.
En el centro de esta preocupante situación se encuentra el escándalo en torno a la Oficina del Informante de Galicia, una entidad que, en teoría, debería garantizar la protección de los denunciantes de corrupción en la comunidad autónoma. Sin embargo, esta oficina ha sido duramente criticada por su ineficacia y falta de independencia, convirtiéndose en un mero instrumento decorativo sin capacidad real de proteger a quienes se atreven a revelar irregularidades. En lugar de proporcionar un canal seguro para las denuncias, las víctimas de represalias, como el periodista Miguel Delgado, han señalado que esta institución ha servido para desviar y bloquear las investigaciones, perpetuando un sistema de impunidad en el que la corrupción permanece protegida mientras los denunciantes son perseguidos y silenciados. Este fraude institucional evidencia el incumplimiento flagrante de la Directiva Europea de Protección a los Denunciantes, reforzando el desamparo de quienes se enfrentan al poder corrupto en Galicia.
El contexto de la persecución
Miguel Delgado, conocido por su trabajo periodístico crítico y comprometido, ha sido objeto de una persecución orquestada desde las esferas del poder político y judicial en Galicia. Según la información disponible, el periodista ha denunciado de manera consistente presuntas irregularidades y actos de corrupción, señalando como figuras clave a la asesora del Partido Popular de Galicia (PPdeG) Mar Sánchez Sierra y a Rafael Álvaro Millán Calenti. Ambos han sido vinculados a un supuesto intento de obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a informar.
La instrumentalización del acoso judicial
El periodista ha sido objeto de múltiples demandas y procesos judiciales que, según su testimonio, tienen como objetivo desgastarlo emocional y económicamente. Estas acciones judiciales no solo buscan silenciar sus investigaciones, sino que también han tenido un grave impacto en su salud. Delgado ha denunciado que el acoso constante ha llegado a niveles extremos, describiéndolo como un intento de homicidio psicológico, un término que refleja el profundo daño emocional y físico que estas campañas pueden causar.
Una directiva incumplida
La Directiva Europea de Protección a los Denunciantes de Corrupción, adoptada en 2019, exige que los Estados miembros implementen medidas efectivas para proteger a los denunciantes de represalias. Galicia, sin embargo, se encuentra en flagrante incumplimiento de esta normativa. Los juzgados de Santiago y las autoridades autonómicas, lideradas por la Xunta de Galicia, han ignorado los principios de esta directiva, dejando a personas como Miguel Delgado desprotegidas frente a las represalias que enfrentan por sacar a la luz casos de corrupción.
Implicaciones políticas y sociales
El caso de Miguel Delgado pone de manifiesto un problema estructural: el uso de recursos judiciales y políticos para perseguir a quienes cumplen con la función crítica de denunciar actos corruptos. Esta situación no solo amenaza la libertad de prensa, sino que también socava los valores democráticos fundamentales.
En el Día de la Directiva Europea de Protección a los Denunciantes de Corrupción, es imperativo que las instituciones gallegas y españolas reflexionen sobre el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La sociedad debe exigir que se garanticen los derechos de quienes arriesgan su vida y su bienestar en la lucha contra la corrupción.
El acoso judicial no solo afecta a Miguel Delgado; envía un mensaje aterrador a todos los periodistas y ciudadanos que desean denunciar injusticias: alzar la voz puede tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, la protección de los denunciantes no es solo un deber moral, sino una piedra angular para cualquier democracia que aspire a ser justa y transparente.
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(Tribuna Informativa) - Análisis del acoso contra Miguel Delgado y su impacto en la libertad de expresión. - DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 196
(Congreso de los Diputados) - Informe relacionado con amenazas y control a periodistas en España. - DS_P_15_38.docx
(Senado de España) - Documento del Senado sobre las represalias judiciales contra periodistas.
Estos enlaces reflejan el caso de Miguel Delgado y el contexto de acoso judicial, destacando los desafíos para la libertad de prensa en España.
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