El reciente auto del Tribunal Supremo en la causa especial 20557/2024 contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Fiscal Jefa de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, deja un sabor amargo en quienes defienden la independencia judicial. (Auto de imputación del Fiscal General descargable..+) El texto, que acumula varias querellas promovidas por entidades ligadas a sectores afines al Partido Popular (PP), refleja una preocupante deriva: el uso de los tribunales como herramienta de confrontación política.
El origen de las acusaciones
Según el auto, las querellas giran en torno a la divulgación de una nota informativa de la Fiscalía de Madrid, en la que se detalla la cronología de diligencias preprocesales relativas a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los denunciantes sostienen que dicha publicación constituye un delito de revelación de secretos (art. 417 del Código Penal). Sin embargo, el propio auto señala que gran parte de la información ya había sido publicada por varios medios antes de la emisión oficial de la nota.
Específicamente, el Tribunal documenta cómo medios como Cadena Ser, El País y elDiario.es ya habían hecho públicos detalles del correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, en el que reconocía la comisión de delitos fiscales. A pesar de esta circunstancia, las querellas insisten en atribuir una responsabilidad penal a García Ortiz y Rodríguez Fernández.
Una argumentación cuestionable
El Tribunal Supremo reconoce que la nota informativa de la Fiscalía contenía datos ya conocidos, pero no por ello descarta la apertura de diligencias de investigación. En este punto, el auto incurre en contradicciones que alimentan la percepción de parcialidad. Por un lado, afirma que “aparentemente, no hay información indebidamente revelada”; por otro, sugiere que la publicación pudo lesionar el derecho a la presunción de inocencia de González Amador. Este doble discurso resulta preocupante, pues parece buscar justificación para mantener viva una causa que, según los propios estándares del Supremo, carece de indicios sólidos.
La decisión de asumir competencia sobre el caso también genera dudas. Aunque Rodríguez Fernández no ostenta la condición de aforada, el Tribunal Supremo justifica su intervención argumentando una “conexión material inescindible” entre sus actuaciones y las de García Ortiz. Este criterio, aunque jurídicamente válido, no deja de ser excepcional y alimenta la narrativa de una politización de la justicia.
Judicialización de la política
El trasfondo de este proceso apunta a un problema más amplio: la judicialización de la política como estrategia de desgaste. Las querellas acumuladas en este caso no son incidentes aislados, sino parte de una campaña de hostigamiento dirigida a figuras clave del Ministerio Fiscal. Tanto García Ortiz como Rodríguez Fernández han destacado por su independencia y su defensa de principios que incomodan a determinados sectores políticos.
El auto del Supremo, lejos de actuar como un muro de contención frente a esta instrumentalización de la justicia, parece haber cedido a las presiones externas. La apertura de una causa basada en supuestos tan débiles no solo daña la reputación de los querellados, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
Un precedente peligroso
El Supremo afirma que su decisión de iniciar la instrucción busca “confirmar o descartar los indicios de criminalidad”. Sin embargo, este enfoque puede interpretarse como un guiño a quienes utilizan los tribunales para fines partidistas. Al dar cabida a acusaciones infundadas, el Tribunal crea un peligroso precedente: la posibilidad de que cualquier funcionario público quede expuesto a procesos judiciales espurios, con el consiguiente desgaste personal y profesional.
Además, el auto omite abordar cuestiones clave, como cómo se filtraron los correos electrónicos que sustentan las querellas. Estos documentos, obtenidos inicialmente por la Fiscalía, ya habían sido divulgados por los medios antes de la emisión de la nota oficial. Sin embargo, la investigación parece centrarse únicamente en las figuras públicas implicadas, ignorando posibles responsabilidades de terceros en la filtración.
La independencia del poder judicial debería ser un pilar esencial de cualquier democracia.
Casos como este, en los que se instrumentalizan los tribunales para atacar a figuras clave de las instituciones, deben encender las alarmas de todos los sectores comprometidos con el estado de derecho.
Es imprescindible que el Supremo actúe con mayor rigor y no permita que su sala de lo penal se convierta en un campo de batalla para disputas políticas. Solo así podrá protegerse la credibilidad de la justicia y evitar que se utilice como arma de persecución ideológica. La democracia española merece algo mejor.
En el contexto de las acusaciones contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Fiscal Jefa de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, es relevante destacar la actuación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez admitió haber filtrado a los medios de comunicación un correo electrónico relacionado con la investigación por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. El País
Además, Rodríguez ha asumido públicamente la defensa de González Amador, calificándolo como "un hombre honorable" y negando que se haya declarado culpable de delito alguno. El País
Esta defensa se ha realizado en el marco de sus funciones como alto cargo de la administración pública regional, con un salario de 96.210,60 euros brutos anuales. DIAN
La implicación de Rodríguez en la filtración y su defensa pública de González Amador plantean interrogantes sobre el uso de recursos públicos para asuntos de índole personal y política. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de desviar la atención de las acusaciones fiscales contra la pareja de Ayuso y de influir en la percepción pública del caso.
Es fundamental que las instituciones mantengan su independencia y que los recursos públicos se utilicen con transparencia y responsabilidad, evitando cualquier instrumentalización con fines partidistas o personales.
Investigación sobre filtraciones y defensa pública en el caso Ayuso
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