El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, siguiendo las directrices de su partido y la influencia directa de asesores cercanos a Alberto Núñez Feijóo y dirigidos por su asesora María del Mar Sanchez Sierra, ha optado por avanzar en la privatización de los servicios de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG). Este movimiento, presentado como una decisión para modernizar y eficientar la gestión de los medios públicos, encierra una estrategia clara: evitar conflictos internos, neutralizar huelgas y mantener un férreo control sobre la información emitida.
El peso de los "chiringuitos" financiados por la Xunta
La externalización de contenidos ha sido uno de los pilares de esta estrategia. Apoyándose en entidades o "chiringuitos" financiad@s directa o indirectamente por el Gobierno gallego, como el Clúster Audiovisual Galego, Rueda ha impulsado un modelo que no solo privatiza servicios, sino que diluye la capacidad de la CRTVG para funcionar de manera autónoma y libre de intereses políticos.
El Clúster Audiovisual ha defendido para sacrse de encima las malas pulgas que la externalización "no compromete el servicio público de la CRTVG", argumentando que esta práctica ha sido una constante desde la fundación de la televisión pública gallega. Sin embargo, esta defensa obvia una realidad preocupante: las huelgas y los conflictos laborales que han acompañado cada paso hacia la privatización, evidenciando un deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores y un ataque directo al carácter público de los medios gallegos y la información que llega a los ciudadanos/as.
El caso de 'O Termómetro': el punto de inflexión
Uno de los ejemplos más controvertidos de esta política ha sido la sustitución del programa "A Revista", producido íntegramente con medios propios de la CRTVG, por "O Termómetro", un espacio coproducido que provocó una huelga prolongada en la corporación. Los paros, que se extendieron hasta finales de 2023, lograron interrumpir la emisión del programa en repetidas ocasiones, dejando en evidencia el descontento de la plantilla ante la creciente pérdida de autonomía de la cadena pública.
Lejos de atender a las demandas de los trabajadores y garantizar un espacio informativo independiente, la Xunta ha priorizado la aprobación de un Proyecto de Ley de Servicios de los Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia que, según la oposición, "abre la puerta a la externalización de contenidos y desmantela el archivo documental de la CRTVG".
Censura, impunidad, control y ocultación de la corrupción
Estas maniobras van directamente enfocadas a evitar a cualquier precio que los gallegos y gallegas conozcan, a través de los medios audiovisuales, los indicios y la impunidad del saqueo descontrolado en la Xunta de Galicia.
Ver o descargar documentos asesora de Feijóo+
Además, buscan encubrir los clanes clientelares y familiares del PP incrustados en las instituciones públicas, evitando así el escándalo y la falta de apetito judicial por poner fin a tanta impunidad. Este blindaje mediático es clave para que las denuncias y las críticas no trasciendan al debate público.
El malestar de los funcionarios de la Xunta
En un comunicado reciente, funcionarios de la Xunta expresaron su profundo rechazo a las políticas de censura y manipulación promovidas por los asesores cercanos a Feijóo. Señalaron que estas prácticas no solo atentan contra la libertad de expresión, sino que también "instrumentalizan los medios públicos como herramientas de propaganda al servicio de intereses partidistas". Este grupo enfatizó que los medios públicos deben "garantizar la pluralidad informativa y no ser una extensión de las estrategias políticas del gobierno".
Asimismo, denunciaron la externalización de contenidos como una "excusa para desmantelar la capacidad crítica de los medios públicos, sustituyendo la profesionalidad de sus plantillas por una estructura precarizada y controlada desde el poder político".
La mano peligrosa del PP mediante el heredado President perteneciente al Clan de los Rueda
La privatización de los servicios de la CRTVG bajo el mandato de Alfonso Rueda es un claro ejemplo de cómo el control político y la censura pueden disfrazarse de modernización y eficiencia. Mientras los "chiringuitos" financiados por la Xunta defienden la externalización, la realidad es que esta política compromete tanto la calidad del servicio público como los derechos de los trabajadores. Además, busca ocultar la corrupción y el clientelismo que corroe las instituciones gallegas. El resultado es un medio público cada vez más alejado de su misión inicial: servir a los gallegos con independencia, pluralidad y rigor informativo.
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