COMUNICADO PLADESEMAPESGA.-  Durante la Semana Santa, la playa de O Con vinculada a Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijoo se convierte en un caso paradigmático de ocupación irregular del dominio público marítimo-terrestre para uso y disfrute exclusivo del líder del PP donde puede esconder a Ayusoo a Mazón. Pese a los expedientes administrativos pendientes (CNC12/25/36/0001) y las denuncias presentadas ante la Fiscalía Provincial de Pontevedra, el Servicio Provincial de Costas continúa tramitando la solicitud de concesión sin resolver la prejudicialidad planteada. Esta situación permite el uso particular de un bien de dominio público durante uno de los periodos vacacionales más importantes del año, evidenciando la falta de medidas cautelares efectivas y la persistente indefinición legal que beneficia a los usuarios irregulares del espacio costero.

Crítica a la Presunta connivencia administrativa en el caso de la playa de O Con: ¿Favoritismo político sobre el interés público?

La polémica en torno a la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra), ha escalado de un conflicto local a un escándalo que evidencia las grietas del sistema administrativo y judicial español. La solicitud de concesión de 210 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre por parte de Eva Cárdenas Botas, pareja del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desatado una tormenta de sospechas sobre favoritismos políticos, negligencia institucional y un preocupante desdén por la legalidad ambiental.

1. Un expediente que huele a privilegio

PLADESEMAPESGA, plataforma que defiende el litoral gallego, ha denunciado reiteradamente la ilegalidad de las construcciones vinculadas a Cárdenas en O Con. Pese a adjuntar un Decreto de Inhibición Fiscal que acredita la existencia de un proceso judicial en curso (Fiscalía de Pontevedra), el Servicio Provincial de Costas ha insistido en tramitar la solicitud de concesión, ignorando el artículo 22.1.g de la LPACAP, que obliga a suspender procedimientos administrativos cuando dependan de un pronunciamiento judicial.

La pregunta es inevitable: ¿Por qué Costas acelera un trámite que, según la ley, debería paralizarse? La omisión de este deber no solo viola la normativa, sino que alimenta la percepción de que el expediente CNC12/25/36/0001 se maneja con mano blanda hacia figuras políticamente influyentes.

2. Inacción administrativa: Retrasos y opacidad

Sumar, Ecoloxistas en Acción y el Concello de Moaña han presentado alegaciones para bloquear la concesión, pero chocan con un muro de opacidad. Sumary PLADESEMAPESGA denuncian que, pese a pagar tasas, el Registro de la Propiedad de Cangas y el Ayuntamiento de Moaña negaron información clave. Esta falta de transparencia no es casual: obstaculiza el escrutinio público y favorece la impunidad de quienes pretenden privatizar un bien común.

Además, PLADESEMAPESGA interpuso un recurso de alzada el 15 de marzo de 2025, aún sin resolver, y una solicitud urgente de medidas cautelares (precintado y suspensión) el 22 de febrero. Pese a que la LPACAP exige resolver estas peticiones en 24 horas, la Administración lleva meses en silencio. Este retardo no solo es ilegal, sino que permite que las obras ilegales avancen, consolidando hechos consumados.

3. La justicia como espectadora

El artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es claro: las administraciones deben suspender sus actuaciones si existe una cuestión prejudicial judicial. Sin embargo, Costas sigue adelante, ignorando que la Fiscalía investiga posibles delitos ambientales y urbanísticos. Esta actitud no solo deslegitima el proceso administrativo, sino que socava la separación de poderes.

El Decreto de Inhibición de la Fiscalía gallega (6/02/2025) ya advirtió que el caso debía trasladarse a Pontevedra, pero Costas parece más interesada en agilizar trámites que en preservar el dominio público. Mientras, las imágenes de la playa precintada en medios locales contrastan con la inacción oficial, revelando una brecha entre el discurso institucional y la realidad.

4. Alarmismo social y doble rasero

La repercusión mediática es abrumadora: desde El Plural hasta Diario Público, medios de oda España y nivel Internacional destacan la “mansión ilegal” y la petición de concesión hasta 2037 de algo que a todas luces es presuntamente ilegal. La ciudadanía percibe un doble rasero: mientras colectivos ecologistas son perseguidos por protestas simbólicas, aquí se tolera la ocupación de terreno público por figuras cercanas al poder.

PLADESEMAPESGA ha alertado del riesgo de daño irreparable al ecosistema costero. La falta de alcantarillado en la propiedad de Cárdenas contamina la playa, una Playa con Bandera Azul cerrada habitualmente por contaminacion de ecolis "CACAS HUMANAS"  en leguaje común ,un hecho documentado que Costas parece minimizar. ¿Acaso el patrimonio natural gallego vale menos que los intereses de una élite?

Conclusión: ¿Quién defiende lo público?

Este caso no es solo sobre una parcela, sino sobre la integridad de las instituciones. La desidia de Costas, los retrasos deliberados y la opacidad sugieren un sistema capturado por intereses particulares. Si el Ministerio para la Transición Ecológica de Pontevedra no actúa con celeridad, sentará un precedente peligroso: que el dominio público es negociable para quienes tienen conexiones políticas.

Mientras el recurso de alzada sigue en el limbo y las máquinas del placer, tumbnas, piscina de uso exclusivo de Feijóo, Eva Cárdenas y sus habituales invitados como Bonilla y su mujer  siguen operando en O Con, Galicia se pregunta: ¿Es esto justicia ambiental o impunidad disfrazada de burocracia?