España, un país que se enorgullece de su democracia y su adhesión a los valores europeos, parece arrastrar aún los fantasmas de su pasado más oscuro. La reciente denuncia sobre los intentos de una asesora de Alberto Núñez Feijoo por "dar el tiro en la nuca" —literal o metafórico— a periodistas incómodos, reaviva un debate incómodo: ¿Realmente hemos superado las prácticas autoritarias de la Guerra Civil y el franquismo? Los casos de Miguel Delgado, Silvia Itxaurrondo y otros profesionales perseguidos, censurados y judicializados sugieren que, bajo el barniz de la modernidad, subsiste una maquinaria de represión sofisticada y letal.

El caso Miguel Delgado: Persecución sistemática como arma política
Miguel Delgado, periodista de investigación, se ha convertido en el símbolo de una lucha desigual contra un sistema que utiliza las instituciones para silenciar. Acosado judicialmente, amenazado, sometido a campañas de desprestigio —incluyendo intentos de declararlo "loco"—, embargos económicos y hasta el ocultamiento de graves problemas de salud como un cáncer, su caso es un manual de tácticas para aniquilar la disidencia. Las sentencias por "daños al honor", medidas cautelares abusivas y el silencio cómplice de sectores judiciales exponen una realidad: el Estado de Derecho se doblega ante los intereses de los poderosos.

La asesora de Feijoo y el círculo de la impunidad
La figura de la asesora en cuestión —cuyo nombre debería resonar en los titulares— representa el engranaje perfecto entre política y represión. Según las denuncias, su estrategia no se limita a acallar a Delgado, sino que extiende sus tentáculos hacia otros blancos: la periodista Silvia Itxaurrondo, esposa de Pedro Sánchez, y cualquier voz que exponga la corrupción del Partido Popular. La instrumentalización de recursos públicos para hostigar, demandar y arruinar económicamente a periodistas refleja un modus operandi heredado de épocas donde las cunetas eran el destino de los incómodos.

Libertad de expresión bajo fuego: Entre el acoso judicial y la censura
España incumple sistemáticamente las directivas europeas de protección a denunciantes de corrupción. Los tribunales, en lugar de ser garantes, se convierten en verdugos: sentencias anticipadas, embargos preventivos y procesos infinitos sirven para ahogar a quienes investigan a los corruptos. La "justicia rápida" solo existe para castigar al mensajero, nunca para investigar al poder. El caso de la familia de Delgado, acosada incluso en hospitales, revela hasta qué punto la crueldad se normaliza cuando el objetivo es matar la verdad.

Del 36 a Genova: ¿Qué ha cambiado?
La Guerra Civil dejó una lección no aprendida: la impunidad de los vencedores. Hoy, los métodos son menos sangrientos, pero igual de efectivos. Ya no hay pelotones de fusilamiento, pero sí abogados, jueces afines y medios de comunicación cómplices. La "luz" de la libertad de expresión que menciona el texto brilla por su ausencia en las sedes de partidos como el PP, donde cualquier destello de transparencia se apaga con amenazas veladas o procesos judiciales.

La democracia no es un eslogan para tapar y encubrir la falta de la Libertad de Expresión en nuestro país
Si algo demuestran estos casos es que España sigue sin asumir que la libertad de prensa es sagrada. Mientras periodistas como Delgado carguen con el peso de ser "la punta del iceberg", la corrupción y la impunidad seguirán reinando. Urge una reforma judicial independiente, la protección real a denunciantes y un pacto de Estado contra la persecución política. Porque cuando el "tiro en la nuca" deja de ser metáfora para convertirse en amenaza real, la democracia ya está muerta.

Epílogo:
El silencio de las instituciones ante estos hechos no es neutral: es complicidad. Y como advirtió Miguel Delgado desde su exilio forzado por la justicia: "Si hoy me toca a mí, mañana te tocará a ti".

La pregunta es ¿quién levantará la voz cuando ya no queden voces?

La lucha por la libertad de expresión y contra la impunidad merece todas las voces posibles.