El Splash! cierra tras años de irregularidades avaladas por el partido popular, mientras el promotor estudia reclamar 30 millones en indemnizaciones. Tras una década de polémica, el parque acuático Splash! de Biniancolla (Menorca) ha anunciado el cierre de sus instalaciones para la temporada 2025, tras años de operar sin licencia en suelo rústico protegido. Feijóo y la sombra del mobiliario del Splash!: ¿PODRÍA TRASLADARLO del parque ilegal a su finca de Moaña en dominio público y colocarlo en el Mirador ocupado ilegalemnte para salir escopeteado directamente al Mar...?

La clausura del polémico parque acuático Splash! de Biniancolla ha generado especulaciones sobre el destino de su mobiliario e infraestructuras, con informaciones humorísticas que apuntan a que podría trasvasar el mobiliario acuático a las propiedades privadas vinculadas a dirigentes del PP, como la finca de Alberto Núñez Feijóo en Moaña (Galicia), ubicada en la playa de O Con, una zona de dominio público marítimo-terrestre. Aunque no existen pruebas concluyentes, organizaciones ecologistas y partidos rivales cuestionan si el líder popular, históricamente beneficiado por su influencia en gobiernos autonómicos, podría haber aprovechado recursos públicos o bienes de instalaciones irregulares —como el Splash!— para acondicionar la piscina de su pareja sentimental Eva Cárdenas Botas, en un contexto de opacidad sobre las licencias y usos de su terreno. Esta hipótesis, alimentada por casos como el del Pazo de Meirás, revive el debate sobre el patrimonialismo del PP y su presunta tendencia a utilizar estructuras de poder para intereses particulares, incluso en espacios ambientalmente protegidos.

Este cierre, sin embargo, llega tras un largo historial de impunidad respaldado por el Partido Popular (PP), cuyo apoyo político fue clave para sortear normas urbanísticas y judiciales. La sombra de Alberto Núñez Feijoo, cuyo partido impulsó el proyecto durante su etapa en gobiernos autonómicos y locales, planea sobre un caso que mezcla intereses económicos, conflicto legal y tensión laboral.

Orígenes políticos de un proyecto irregular
El Splash! fue concebido en 2011 bajo el primer mandato del PP en el Consell Insular de Menorca. Marta Vidal, entonces consellera de Ordenación Territorial y hoy figura cercana al gobierno balear de Margalida Prohens (PP), autorizó las obras pese a ubicarse en suelo rústico protegido. Aprovechando una declaración de “interés general” —anulada en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB)—, el parque abrió en 2017 con el aval de informes privados que prometían “desestacionalizar el turismo”. Sin embargo, ecologistas y jueces señalaron desde el inicio la ilegalidad de construir en un área no urbanizable.

El PP frente a la Justicia: de la promoción al cierre
A pesar de las sentencias contrarias, el holding Protume SA, propiedad del empresario Luis Casals, mantuvo el parque abierto recurriendo a artimañas legales. Desde 2021, cuando el TSJIB revocó la licencia, el PP balear —aliado con Vox— intentó blindar el proyecto mediante decretos como la Ley Ómnibus (7/2024), que permite regularizar instalaciones “complementarias” en suelo protegido. Incluso se argumentó que el hotel adyacente, Minura Sur, dependía del parque, una tesis desmontada por la oposición: “El hotel existía mucho antes que el Splash”, recalca Joan Pons Sintes, concejal de Volem Sant Lluís.

La actual alcaldesa popular de Sant Lluís, Loles Tronch, heredera de las políticas de sus antecesores, se vio obligada a actuar tras años de inacción: “No tienen licencia: no pueden abrir”, declaró, aunque sin concretar plazos. La presión judicial y mediática aceleró el cierre, pero la oposición cuestiona la voluntad real del PP: “No es su deseo cerrarlo, pero no les queda alternativa”, zanja Pons.

Trabajadores en la cuerda floja: empleo vs. legalidad
El cierre ha dividido a los empleados. Mientras algunos, como una firma anónima de la carta al Ayuntamiento, claman por “respetar el derecho a trabajar”, otros critican la ilegalidad: “Es injusto: muchos no pueden construir en suelo rústico, pero aquí se incumplió la ley”, denuncia un trabajador. El comité de empresa, vinculado al hotel, pidió salvar los puestos, aunque varios empleados desconocían la misiva, revelando fisuras internas.

La factura millonaria para el erario público
El cierre no es el fin del conflicto. El promotor, Luis Casals, podría reclamar hasta 30 millones de euros al Consell Insular por “inversiones frustradas”, según la oposición. Una posible indemnización reabriría el debate sobre el coste de los acuerdos políticos entre el PP y empresarios. Ecologistas como el GOB insisten en que el suelo rústico “no admite parques acuáticos”, recordando que el resto en Menorca están en zonas urbanas.

Feijoo y el PP: ¿responsabilidad política?
El caso Splash! ejemplifica la cultura de la impunidad en proyectos apoyados por el PP en comunidades donde gobierna. La Ley Ómnibus, promovida por Prohens —aliada de Feijoo—, buscó legalizar instalaciones como esta, priorizando intereses económicos sobre la sostenibilidad. Ahora, el cierre forzado evidencia el fracaso de una estrategia que durante años ignoró advertencias judiciales y ambientales.

Mientras los toboganes de Biniancolla se apagan, queda una pregunta: ¿asumirá el PP las consecuencias de avalar durante años un proyecto ilegal, o seguirá usando recursos públicos para rescatarlo? La respuesta podría definir no solo el futuro de Menorca, sino la credibilidad de un partido que, bajo el liderazgo de Feijoo, sigue navegando entre la legalidad y el favoritismo, o ver comos e traslada parte del mobiliario al mirador público de la Playa de O Con.