La documentación del expediente INFO2/24/36/0283, en poder de la Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesqueiro de Galicia (PLADESEMAPESGA), desvela un entramado de falsedades y contradicciones en el escrito de alegaciones presentado por el servicio jurídico de Eva Cárdenas Botas, pareja del expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, para justificar la legalidad de su mansión en la playa de O Con (Moaña). Lejos de aclarar las irregularidades, el documento confirma los peores temores: un intento sistemático de engañar a las administraciones y ocultar una ocupación ilegal.

La compra de 2018: ¿adquisición legítima o okupación encubierta?

En su alegato (pág. 2), el servicio jurídico de Cárdenas admite que su representada adquirió la vivienda el 7 de diciembre de 2018, alegando que esta “linda con el dominio público marítimo-terrestre sin invasión del mismo”. Sin embargo, PLADESEMAPESGA sostiene que se trata de una construcción ilegal, levantada sobre suelo no urbanizable y en zona de protección costera. El escrito omite deliberadamente que la propiedad fue adquirida como una okupación irregular, tal y como consta en registros previos a 2018, ahora bloqueados por el Concello de Moaña bajo la alcaldesa Leticia Santos, que niega la mayor.

Resulta revelador que, pese a afirmar que “toda intervención se realizó cumpliendo los trámites” (pág. 2), el propio texto reconoce que la información solicitada por PLADESEMAPESGA se remonta a 2011, siete años antes de que Cárdenas comprase la finca. ¿Qué ocultan esos expedientes anteriores? La respuesta es clara: la falta de permisos válidos para una vivienda que, según la Ley de Costas de 1969, debería haber sido demolida.

Permisos fantasma y connivencia institucional

El escrito jurídico insiste en que las obras cuentan con “permisos del Concello de Moaña, la Xunta de Galicia, Costas y demás administraciones” (pág. 3). Sin embargo, la propia alcaldesa Leticia Santos ha negado públicamente la existencia de dichas autorizaciones, calificándolas de “inexistentes”. Peor aún: el documento expone la complicidad del Gobierno gallego bajo Feijóo, mencionando permisos otorgados por Medio Ambiente, Urbanismo y la conselleira Ángeles Vázquez del PP alentando la okupación, quien llegó a afirmar: “otros también lo hacen”.

Esta red de complicidades explica también por qué, en un trámite de audiencia anterior ante el Concello de Moaña, se censuró y ocultó a PLADESEMAPESGA el acceso a los expedientes, exigiendo un pago abusivo de 18 euros por copia —una barrera económica ilegítima para una ONG—. Ahora, el servicio jurídico de Cárdenas ya no repite el mismo guion: ahora pide a Costas que se le conceda-regale la concesion de uso privado de media Playa de O Con para su servicio personal y el de Feijóo hasta el año 2037.

La estafa procesal: manipulación y abuso de derecho

El alegato de Cárdenas no solo desvirtúa los hechos, sino que confirma un intento de estafa procesal. Mientras alega que PLADESEMAPESGA carece de interés legítimo (pág. 3), olvida que la Ley 19/2013 garantiza el acceso a la información pública sin necesidad de acreditar interés específico. Además, acusa a la plataforma de “acoso” (pág. 3), una estrategia para victimizarse y desviar la atención de las irregularidades cuando el acosado bajo intento de homicidio inducido es el periodista denunciante de la información.

Lo grave no termina ahí. El escrito admite que la Dirección General de Costas “reclama el dominio público” sobre la zona (pág. 3), lo que confirma la invasión de terreno protegido. Pese a ello, el servicio jurídico insiste en que la vivienda es legal, contradiciendo informes técnicos y la propia Ley de Costas.

Urge actuar por parte de Costas, Concello, Fiscalía y Juzgado de Guardia ya que a la APLU y la Xunta ni se le ve, ni se le espera, con medidas cautelares efectivas en base a la presunta corrupción descarada alrededor de la mansión con la connivencia y abuso de poder del líder del Partico Popular D. Alberto Núñez Feijóo

El documento presentado por Eva Cárdenas no es un alegato jurídico, sino un manual de cómo burlar la ley con impunidad. Las administraciones implicadas —Costas, el Concello de Moaña y la Xunta— tienen la obligación de remitir este caso al Juzgado de Guardia por prevaricación, falsedad documental y ocupación ilegal de dominio público. Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas: ¿hasta cuándo permitiremos que los poderosos pisoteen la legalidad costera?

PLADESEMAPESGA ha destapado la cloaca. Ahora, toca a la justicia actuar.