Por Miguel Delgado. Opinión | Presidente de Pladesemapesga.

No más dinero público para empresas corruptoras: el caso Acciona, OPR y LIC como símbolo de la descomposición del Estado y sin olividarnos de cientos de contratos a dedo a la hermana de Feijóo y el robo de dominio público de su pareja sentimental Eva Cárdenas,o el enrequiciiento desmedido de su asesora Mar Sánchez Sierra donde se pone Al día ¿ Y tú Más ? Feijóo no  pide la moción de censura por miedo a que entre en el Congreso Marcial Dorado con su mujer.

La democracia no se defiende sola. Y el Estado no puede funcionar si sus arterias están podridas por contratos amañados, mordidas, comisiones y adjudicaciones manipuladas. Lo que revela el informe de la Guardia Civil (Informe UCO 96/2025) es una operación de saqueo del dinero público a gran escala, ejecutada con la participación directa de constructoras como ACCIONA, OPR y LIC, políticos del más alto nivel, y estructuras ministeriales que actuaban como tapaderas.

En cualquier país serio, estas empresas estarían automáticamente inhabilitadas para contratar con la Administración, sometidas a escrutinio judicial y expulsadas de las licitaciones públicas. Y sin embargo, en España continúan participando, como si nada hubiera pasado, como si las grabaciones de Koldo, las comisiones de Aldama y las obras amañadas en Sevilla, Murcia o Logroño no existieran.

Empresas que corrompen la política deben desaparecer del mapa público

Los hechos son ya incontestables. El informe de la UCO identifica cómo estas empresas fueron beneficiarias sistemáticas de adjudicaciones amañadas. En el caso de ACCIONA CONSTRUCCIÓN, hablamos de más de 600 millones de euros en contratos vinculados a pagos ilegales y sobornos. En muchos casos, esta empresa ni siquiera presentaba la mejor oferta económica. Ganaba por nota técnica inflada. ¿Cómo? Gracias a una red de favores dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), ADIF y la Dirección General de Carreteras, donde funcionarios colaboraban activamente con el círculo Ábalos–Koldo–Santos para garantizar la adjudicación.

Y no fue solo ACCIONA. Las empresas OPR y LIC también están mencionadas en el informe como parte de esta red criminal. Pagaban su “derecho de entrada” mediante contrataciones ficticias (la esposa de Koldo, Patricia Uriz, cobraba de OPR sin trabajar), pagos mensuales disfrazados de salarios y contratos simulados para mantener el engranaje corrupto engrasado.

Activar ya la prohibición de contratar a estas empresas

La Ley de Contratos del Sector Público (art. 71.1.b) permite excluir de licitaciones a cualquier empresa que esté implicada en procesos judiciales por corrupción, incluso aunque no exista todavía una sentencia firme. ¿Por qué no se aplica? ¿Qué intereses están protegiendo a estas constructoras?

Cada día que ACCIONA, OPR o LIC siguen participando en licitaciones públicas, se compromete la seguridad de las infraestructuras, la eficiencia del gasto y la salud democrática del país. No se puede confiar ni un euro a empresas que han operado como mafias empresariales, corrompiendo funcionarios, ministros y asesores para robar al contribuyente.

La exclusión inmediata es no solo legal, sino obligatoria.

Exigimos ya la activación de las Oficinas del Informante

Otro escándalo intolerable: a día de hoy, España sigue sin activar plenamente las Oficinas del Informante, pese a que la Directiva Europea 2019/1937 obliga a todos los Estados miembros a tener canales seguros, independientes y eficaces para proteger a los denunciantes de corrupción.

Alfonso Rueda y Pepa Bueno, durante la entrevista celebrada en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, este martes.ÓSCAR CORRAL

El informe de la UCO no existiría sin grabaciones realizadas por un propio miembro de la red. Y sin embargo, no hay mecanismos institucionales para que un funcionario, una técnica de mesa de contratación, o un miembro del MITMA pueda denunciar sin represalias.

Los denunciantes en España siguen siendo héroes solitarios: arriesgan su empleo, su salud y su futuro. ¿Dónde está la Oficina Independiente de Protección del Informante? ¿Dónde los canales confidenciales, el anonimato garantizado, la protección contra represalias?

Exigimos:

• La activación inmediata de una Oficina Nacional del Informante, tal y como exige la Directiva (UE) 2019/1937.
• La creación de canales internos de denuncia seguros en todos los ministerios y entes adjudicadores (MITMA, ADIF, DGC).
• La suspensión cautelar automática de cualquier empresa involucrada en una causa penal por corrupción o fraude contra la Administración.

No más “ardides” jurídicos: aplicar las directivas anticorrupción ya

España no puede seguir retrasando la aplicación real de las directivas europeas en materia de contratación pública, integridad y transparencia. La arquitectura legal está ahí. Lo que falta es voluntad política para aplicarla sin rodeos, sin trampas, sin blindajes.

La Directiva (UE) 2014/24 sobre contratación pública exige transparencia, libre concurrencia y exclusión de empresas corruptas. La Directiva 2019/1937 exige protección legal efectiva de los whistleblowers. Y ambas están siendo sistemáticamente ignoradas.

La corrupción es rentable solo porque el Estado no cumple sus propias normas. Si se aplicaran las directivas europeas, empresas como ACCIONA, OPR y LIC estarían fuera del sistema.

España se juega el futuro: o se actúa, o nos siguen robando

En esta trama de corrupción se mezclan puentes sobrevalorados, soterramientos ferroviarios manipulados, obras de más de 150 millones adjudicadas a dedo, pagos de 10.000 euros en sobres, contratos disfrazados de empleos, y constructoras que se creen intocables. ¿De verdad vamos a mirar hacia otro lado?

Cada euro adjudicado a estas empresas es un euro manchado. Cada nueva obra pública que les adjudique el Gobierno, las comunidades o los ayuntamientos será una nueva derrota del Estado de Derecho.

Es hora de actuar. Y de exigirlo en todos los frentes: político, judicial, ciudadano y periodístico. La corrupción de los políticos destruye las bases del bienestar común: el dinero que debería destinarse a hospitales, escuelas, residencias de ancianos, atención primaria, carreteras, pensiones dignas y servicios sociales termina desapareciendo por las cloacas de la corrupción. Mientras ellos se enriquecen a costa del pueblo, la mayoría lucha por sobrevivir con salarios bajos, una cesta de la compra cada vez más cara y derechos cada vez más recortados. Es un robo descarado, un saqueo constante en la cara de todos, donde la impunidad de unos pocos se traduce en la miseria de muchos.

EXIGIMOS:

1. Inhabilitación inmediata de ACCIONA, OPR y LIC para contratar con la Administración.
2. Creación urgente y funcional de la Oficina del Informante a nivel estatal y en todas las autonomías.
3. Aplicación directa y sin reservas de las Directivas 2014/24 y 2019/1937.
4. Auditoría independiente de todos los contratos adjudicados por el MITMA entre 2018 y 2024.
5. Reforma del sistema de mesas de contratación, eliminando los márgenes discrecionales que permiten el amaño de “valoraciones técnicas”.

Porque si no hacemos esto ahora, los próximos contratos públicos también serán robados.
Y el próximo puente que se caiga, será un crimen institucional.