NO SE PUEDE SEGUIR CALLANDO Y OCULTANDO LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS POR LA DIPUTADA , MARIA DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA Y SEGUIR COBRANDO UN SUELDO PÚBLICO DEL ESTADO.

Las denuncias por falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito señalan directamente a María del Mar Sánchez Sierra, actual diputada y asesora cercana de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP). Con documentación oficial de su puño y letra como evidencia, los detalles de su presunta manipulación de archivos públicos ponen en duda su integridad y la del propio Feijóo, bajo cuya sombra se habría refugiado en el Congreso. Este artículo examina las acusaciones y la presunta estrategia de Sánchez Sierra para evitar la acción de la justicia mediante el aforamiento parlamentario, que hoy la protege y podría poner en riesgo la transparencia y la confianza pública en las instituciones.

Falsificación documental y enriquecimiento sin justificación La denuncia presentada está basada en acusaciones graves y concretas: falsificación de documentos públicos con el fin de ocultar y legitimar un patrimonio aparentemente desproporcionado para alguien que, según sus propias declaraciones, solo percibe ingresos públicos. La ley es clara en estos casos. Según los artículos 390 y 391 del Código Penal, un funcionario público que falsifique o altere un documento oficial con el propósito de inducir a error sobre su autenticidad está cometiendo un delito grave. La pena puede ascender hasta seis años de prisión y llevar consigo una inhabilitación especial, especialmente si el objetivo es obtener beneficios personales mediante el uso de su cargo público.

Cese DOG Núm. 89 Lunes, 9 de mayo de 2022 Pág. 27503 ver;

declaracion xunta cero euros MARS SANCHEZ SIERRA descargadadelaXunat eldiadesucese.pdf

14 de Abril de 2023 presenta declaración en el Congreso de los Diputados con desmesurado patrimonio declarado desde el año 2000 al 2020 antes de dimitir en la Xunta ver;

Segunda declaracion en el Congreso de los Diputados asesora feijoo dos meses y multimillonaria.pdf 

El contraste en sus declaraciones patrimoniales es llamativo e inquietante. En el portal de transparencia de la Xunta de Galicia, en 2017, Sánchez Sierra declara un patrimonio nulo, un saldo de cero euros que resulta inverosímil en alguien que ha ocupado cargos de responsabilidad. Sin embargo, en su más reciente declaración en el Congreso de los Diputados, Sánchez Sierra firma un importante patrimonio acumulado desde el año 2000, cuando comenzó su carrera en la administración junto a Feijóo. Este aumento patrimonial es, como mínimo, cuestionable y sugiere irregularidades que van más allá de la simple negligencia, bordeando el fraude y el abuso de poder para el enriquecimiento personal.

El aforamiento como posible estrategia para evitar la justicia Lo más preocupante de este caso no es solo la existencia de documentos falsificados, sino la aparente maniobra política de Sánchez Sierra para protegerse mediante su aforamiento en el Congreso. La denuncia apunta a que, previendo la posibilidad de ser descubierta, la asesora de Feijóo buscó trasladarse a Madrid, donde su nuevo estatus como diputada dificulta, si no bloquea, una posible investigación judicial. Este tipo de blindaje es un golpe a la justicia y genera un enorme desprestigio para las instituciones, pues convierte a quienes deberían ser servidores públicos en figuras intocables. La ciudadanía se encuentra una vez más ante la evidencia de que, en algunos sectores del poder, la ley no parece aplicarse de igual manera para todos.

La función pública en entredicho: un uso abusivo del poder El caso Sánchez Sierra revela, si cabe aún más, el deterioro ético de ciertos sectores políticos, donde la función pública parece ser tratada como un medio para el lucro personal. Se presume que, aprovechándose de su posición en la administración, Sánchez Sierra ha manipulado documentos y alterado registros oficiales para construir un patrimonio que, de otra manera, sería inexplicable. La seguridad en la fe pública y el tráfico jurídico, dos de los pilares de la confianza ciudadana en sus representantes, se ven aquí gravemente comprometidos.

Artículo 390: Una violación directa del Código Penal La legislación es taxativa en su definición del delito de falsificación en documentos públicos, especialmente si es cometido por un funcionario o autoridad pública. El Código Penal español establece que este delito ocurre cuando una autoridad o funcionario:

1. Altera un documento en alguno de sus elementos esenciales.
2. Simula un documento, total o parcialmente, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
3. Atribuye declaraciones o manifestaciones que no se han realizado.
4. Falta a la verdad en la narración de los hechos.

Cada una de estas conductas podría ajustarse a las acciones que se denuncian en el caso de Sánchez Sierra, cuya declaración de bienes y la gestión de donativos anónimos durante la pandemia de COVID-19 están bajo sospecha. No hay duda de que, de comprobarse, estos delitos implicarían una violación directa del Código Penal y comprometerían a otras autoridades que pudieran haber colaborado o facilitado estos actos ilegales.

¿Implica la justicia a Feijóo en la trama? Es inevitable señalar la conexión entre Sánchez Sierra y Alberto Núñez Feijóo, quien fue quien, presuntamente, facilitó su ascenso a Madrid, donde su aforamiento la protege en cierta medida de ser investigada por sus actos en la administración pública gallega. El papel de Feijóo no se puede pasar por alto, ya que él mismo podría estar encubriendo, voluntaria o involuntariamente, actos ilícitos cometidos en Galicia. El silencio de Feijóo en torno a estas denuncias también plantea la duda de hasta qué punto el PP protege o ignora prácticas de corrupción entre sus miembros.

Conclusión El caso de María del Mar Sánchez Sierra es un recordatorio de la necesidad de una verdadera transparencia y de la urgencia de reformas que eliminen los privilegios injustificados, como el aforamiento, que en este contexto puede ser utilizado como una herramienta de evasión de la justicia. La gravedad de las acusaciones contra esta funcionaria, y la inacción hasta ahora para investigarlas con rigor, representan una burla a la ciudadanía y un descrédito para las instituciones públicas.

Si se permite que figuras como Sánchez Sierra se mantengan impunes, el daño a la credibilidad de la función pública es irreparable. La justicia debería actuar de manera independiente y con firmeza para investigar estas denuncias hasta sus últimas consecuencias, evitando que el aforamiento se convierta en una barrera que proteja a los presuntos corruptos. La ciudadanía espera una respuesta contundente ante estas irregularidades, en lugar de una política que premie y proteja a quienes parecen utilizar sus cargos para fines personales, ignorando los principios éticos y legales que deben guiar a quienes están al servicio del Estado.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 1998 (número de recurso 333/1996) la define como “un actuar que resulta injusto por un desmedido uso de las facultades inherentes a la condición funcionarial que se ostenta, excediéndose, propasándose o aprovechándose de las mismas para llevar a cabo una actuación que no es propia o adecuada a su contenido”.

El abuso de autoridad o abuso de poder está regulado en el artículo 22.7ª del Código Penal, que es el que establece las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal.

El Código Penal se refiere al abuso de autoridad como la circunstancia de “prevalerse del carácter público que tenga el culpable”. 

Para entender que concurre la circunstancia agravante de abuso de autoridad, deberán darse los presupuestos que menciona el artículo 22.7ª:

Que el culpable ostente un cargo o puesto laboral de carácter público que le dote de autoridad. 
Que se valga de él para la comisión del delito, asegurándose una ventaja.
El culpable, por tanto, ha de reunir la condición de funcionario público o autoridad en los términos del artículo 24 del Código Penal:

1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Tendrán también la consideración de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscalía Europea.

2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

Artículo 24 del Código Penal

La asesora de Feijóo desesperada por ocultar los "chanchullos" de su patrimonio personal a costa del abuso de su función pública.

Acusaciones de Enriquecimiento y Abuso de Poder Rodean a Asesora de Feijóo en Galicia.

Mar Sánchez Sierra, colaboradora de Feijóo, enfrenta acusaciones por el aumento sospechoso de su patrimonio, presunto abuso de su función pública y posible lavado de capitales. Tramas urbanísticas, recalificaciones y adquisiciones de terrenos calcinados-incendiados intencionadamente en el centro de la polémica.

María del Mar Sánchez Sierra, asesora cercana de Alberto Núñez Feijóo y alta funcionaria del Partido Popular (PP) en Galicia, enfrenta un escrutinio creciente por presuntas irregularidades relacionadas con su patrimonio personal. Sánchez Sierra, quien en su declaración de bienes al cesar en la Xunta de Galicia reportó cero euros, pasó, apenas dos meses después, a figurar como multimillonaria en su declaración ante el Congreso de los Diputados. La rápida acumulación de bienes ha suscitado dudas sobre un posible abuso de poder y sugiere irregularidades en las operaciones de compra de propiedades y en la gestión de fondos públicos.

La Asesora de Feijóo en el Ojo del Huracán por Irregularidades en su Declaración de Bienes y actualización de sus "trapalladas"

La Asesora de Feijóo en el Centro de la Controversia: Irregularidades y Encubrimiento en la Xunta de Galicia. Mar Sánchez Sierra, ex secretaria xeral de Medios, enfrenta graves acusaciones de corrupción mientras el líder del PP permanece en silencio.

La política gallega está nuevamente sacudida por un escándalo que envuelve a Mar Sánchez Sierra, ex secretaria xeral de Medios de la Xunta durante los trece años de mandato de Alberto Núñez Feijóo. La publicación de su declaración de bienes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 31 de octubre ha revelado serias irregularidades que han llevado a cuestionar no solo su integridad, sino también la del líder del Partido Popular, quien ha sido acusado de encubrir estas acciones.

Sánchez, quien dejó su cargo en mayo de 2022 para acompañar a Feijóo en Madrid, presentó una declaración que, según la ley, debía ser entregada dentro de los tres meses siguientes a su cese. Sin embargo, lo que debería haber sido un acto de transparencia se ha convertido en un acto de opacidad, con una declaración que, sorprendentemente, reportaba con anterioridad cero euros y posteriormente tratando de enmendar en un contexto donde su patrimonio, vinculado a expedientes de la Xunta, parece ser desproporcionado y sospechoso. Esto ha despertado la indignación de la ONG PLadesemapesga, que ha denunciado su comportamiento como ilegal y ha exigido responsabilidad.

La Xunta publica con más de dos años de retraso la declaración de bienes de la mano derecha de Feijóo: