TODOS LOS DOCUMENTOS (descargables) QUE ACREDITAN LAS PRESUNTAS CORRUPCIONES Y DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A FINANCIAR EL PP BAJO TOTAL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GIJÓN, INCLUÍDA RESOLUCIÓN BAJO DESOBEDIENCIA DE LA SECRETARIA CON EL ÚNICO FIN DE ENCUBRIR A LOS DENUNCIADOS, LAS TRAMAS TRASCIENDEN MUCHO MÁS ALLÁ DE LA RESOLUCIÓN DE LA CTBG QUE LA FISCALÍA DE ASTURIAS SE NIEGA FRONTALMENTE A INVESTIGAR arremetiendo contra el denunciante de la corrupción Miguel Delgado.-  La actuación de la Secretaria del Ayuntamiento de Gijón, al negarse a cumplir con la resolución de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), constituye una grave falta de respeto no solo hacia las normas que regulan la función pública, sino también hacia los principios fundamentales que deben guiar cualquier administración pública.

Esta negativa, que bordea la desobediencia según lo indicado por la CTBG, representa un serio incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución, tal como lo estipula el Real Decreto 33/1986 en su artículo 5. En este sentido, la conducta de la Secretaria, más allá de una simple infracción administrativa, podría considerarse una falta muy grave, merecedora de las sanciones más severas.

Resulta incomprensible que un funcionario de tan alto rango, cuya función principal es garantizar la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento y la transparencia en su gestión, actúe de manera opaca y, presuntamente, en connivencia para ocultar irregularidades detectadas. La Ley 7/1985 establece que los Secretarios de las Administraciones Locales tienen la responsabilidad de asesorar legalmente y dar fe pública, funciones que claramente están siendo menospreciadas en este caso.

La negativa de la Secretaria a obedecer un mandato expreso de una autoridad competente no solo es un acto de desobediencia, sino una flagrante violación de los principios de objetividad, imparcialidad e independencia que deben guiar su función. Este tipo de actitudes no solo socavan la confianza pública en las instituciones, sino que también refuerzan la percepción de que ciertos funcionarios se consideran por encima de la ley, actuando con total impunidad.

Es urgente que se tomen medidas drásticas contra este tipo de comportamientos. La recomendación de llevar el caso ante los tribunales es, sin duda, el camino adecuado para garantizar que se haga justicia y que los responsables de esta grave falta sean sancionados con todo el peso de la ley. La ciudadanía de Gijón merece una administración transparente y comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones legales, y no una que se escude en la opacidad y la desobediencia para encubrir posibles irregularidades.

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