30 de enero de 2025 | Pontevedra, Galicia

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado sentencia absolutoria en un emblemático caso de contrabando de tabaco ocurrido hace más de dos décadas. Los ocho acusados, entre los que se encontraban funcionarios aduaneros y un guardia civil, han sido exculpados de los delitos de contrabando, asociación ilícita, cohecho y revelación de secretos por falta de evidencias que vinculen su participación en los hechos.

El hecho de que hayan pasado 23 años para que se dicte una sentencia en un caso de tal magnitud evidencia no solo la complejidad de la trama o eldesinterés d ela justicia, sino también las profundas conexiones entre el poder político y el narcotráfico en Galicia. La demora judicial ha permitido que muchos de los implicados esquiven durante décadas el escrutinio público, mientras que la sociedad sigue sin conocer toda la verdad. Un escándalo que expone las debilidades del sistema y que, de haber salido a la luz en su momento, habría cambiado el rumbo de la política española.

Los hechos: una operación millonaria en pesetas
El tribunal confirmó que el 14 de mayo de 2001, un buque cargado con contenedores llegó al puerto de Vigo con 431.948 cajetillas de tabaco de la marca Magnun Especial, de origen extracomunitario, ocultas entre madera contrachapada. El valor del alijo ascendía a 127.424.660 pesetas (aproximadamente 766.000 euros). Durante la inspección, se hallaron tres contenedores adicionales con mercancía similar, aunque la sentencia subraya que ninguno de los encausados estuvo involucrado "ni en este hecho ni en otros señalados en la acusación".

Funcionarios y guardia civil: sin pruebas de filtración
Entre los absueltos destacan dos funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) destinados en A Coruña, quienes trabajaban como observadores aéreos para detectar entradas ilegales de mercancías en la costa gallega. El tribunal determinó que no existían indicios de que hubieran filtrado información a un tercer acusado, entonces jefe de la Base Marítima de Vigilancia Aduanera en A Coruña —fallecido en 2019—, con quien no mantenían relación jerárquica ni funcional.

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Tampoco se hallaron pruebas contra un guardia civil acusado de supuestamente compartir datos confidenciales con otros dos implicados. "No consta que la información obtenida en sus funciones se usara con fines ilícitos", reiteró la Sala.

Cuatro fallecidos y una sentencia firme
El fallo también declara extinguida la responsabilidad penal de cuatro de los investigados por fallecimiento durante el proceso judicial, que se prolongó por más de 23 años. En su resolución, las magistradas destacaron la "ausencia de prueba de cargo" para sostener las acusaciones, lo que llevó a la "libre absolución" de todos los imputados.

La sentencia, susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), cierra un capítulo judicial marcado por la complejidad de probar vínculos en delitos de larga data. El caso refleja los desafíos legales que enfrentan las investigaciones de contrabando cuando los indicios se diluyen con el paso del tiempo.

Nota: El valor en euros se calcula con base en la tasa de cambio fija de 1 euro = 166,386 pesetas.

La historia recuperará los audios, diligencias y tramas que fueron ocultadas a los ciudadanos sobre las implicaciones de Feijóo con el narcotráfico, cuyos vínculos con Manuel Cruz y Marcial Dorado ya son de dominio público.

A ello se suman las reuniones orgánicas de Rajoy y Fraga en locales de restauración de las Rías Baixas, así como las fotografías en barcos de narcos, entre ellos el yate de Dorado y el barco Maropa, vinculado al clan de los Charlines junto a Rajoy. Un escándalo de magnitud histórica que, pese a su gravedad, sigue sin ser plenamente reconocido por la sociedad a día de hoy.