En Galicia, bajo el gobierno del Partido Popular, la Xunta y el Parlamento autonómico parecen haberse convertido en un “cortello”, un espacio donde la legislación y los decretos se utilizan no para el bien común, sino para un saqueo sistemático en beneficio de unos pocos familiares y clientelares. Los mecanismos de control, en lugar de garantizar la transparencia, se han transformado en cloacas que albergan corrupción, impunidad y malas prácticas que han contaminado la esencia de nuestras instituciones.
Corrupción: una Sombra Sobre la Autonomía Gallega
La autonomía gallega, lejos de ser un ejemplo de buen gobierno, se encuentra hoy sumida en un lodazal comparable con Sodoma y Gomorra. Este entramado corrupto tiene nombres y apellidos, y uno de los más señalados es el del propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Su ascenso político y profesional está plagado de sombras, desde sus comienzos como docente vinculado a la empresa Alfer Formación, una entidad que, junto a su tía Paloma Rueda ouesta a nombre de su pareja sentimental, logró gestionar fondos europeos por más de un millón de euros anuales sin evidencias claras de actividad educativa real y sembrada de denuncias por toda la región.
El caso Alfer no es más que el principio de una serie de escándalos que han dejado al descubierto una red de clientelismo y malversación. Un ejemplo flagrante es la creación del CETMAR (Centro Tecnológico del Mar), una entidad cuyo objetivo y función real siguen siendo un misterio, pero que ha servido para otorgar sueldos generosos a personas cercanas al poder. En este caso, Paloma Rueda también fue beneficiaria directa, percibiendo un salario de 60.000 euros anuales.
El Saqueo de los Recursos Públicos
La gestión de Alfonso Rueda también está marcada por asignaciones de contratos públicos de dudosa transparencia. Entre ellos, destacan los más de 150.000 euros destinados a servicios de catering, así como la exorbitante cifra de 1,3 millones de euros para un proyecto conocido como “la marea de los pellets”. Este supuesto plan, que debería haber reportado beneficios claros para Galicia, permanece en el olvido y sin resultados tangibles, dejando un agujero en las arcas públicas.
El entramado también afecta directamente a las decisiones legislativas. En un sistema donde los decretos deberían ser herramientas para el progreso, en Galicia se han convertido en instrumentos que favorecen el enriquecimiento de unos pocos. Esta situación perpetúa la impunidad y el descrédito de las instituciones, dejando a la ciudadanía sin mecanismos reales para exigir cuentas.
Una Autonomía en Crisis
El panorama que presenta Galicia es desolador. Bajo el liderazgo de Alfonso Rueda, la gestión pública parece priorizar los intereses personales y partidistas sobre el bienestar de los ciudadanos. En lugar de aprovechar las oportunidades que ofrecen los fondos europeos y la autonomía legislativa para mejorar la calidad de vida de los gallegos, se ha optado por un modelo que fomenta el clientelismo y el desfalco.
Reflexión Final
Es urgente que los gallegos y las gallegas tomen conciencia de esta situación y exijan responsabilidades a sus gobernantes. La corrupción no solo desangra las arcas públicas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Galicia no puede permitirse seguir siendo un cortello al servicio de unos pocos. Es hora de que la autonomía vuelva a ser sinónimo de dignidad, transparencia y progreso para todos.
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