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ELOBIERNO DE FEIJÓO Y EL CONCELLO DE OIA "DESESPERADOS" POR LEGALIZAR UN HOTEL ILEGAL ANTES DE SER EXPULSADOS DE LA XUNTA

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07 Diciembre 2019 1126 votos
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Foto: El Hotel Talaso Atlántico en Oia, Pontevedra. (Google Maps)El Hotel Talaso Atlántico en Oia, Pontevedra. (Google Maps)

A diferencia del Algarrobico, el macrocomplejo hotelero con balneario de agua marina de Oia (Pontevedra) es completamente ilegal. No tan agresivo con el paisaje como el famoso hotel almeriense, pero igualmente invasivo –ocupa el dominio público y vertió sus residuos libremente durante años–, el Hotel Talaso Atlántico es objeto de controversia urbanística y judicial desde su inauguración en 2003. Sobre él pesa una orden de demolición y la anulación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de todas las licencias que lo hicieron posible. Pero la Xunta y el Ayuntamiento agotan todas las vías legales a su alcance para salvar el establecimiento de la piqueta.

 

El último cartucho para evitar la demolición consiste en un plan especial de infraestructuras y dotaciones para la instalación de talasoterapia, un instrumento que estudia ya la Xunta y que fue presentado por el gobierno local de Oia, municipio en el que no hay más servicios de tratamiento con agua del mar que el propio hotel. El documento, que ha costado 9.000 euros y permanecerá a exposición pública hasta el 20 de enero, es un intento declarado de encontrar un encaje legal al polémico centro hotelero. “Estamos intentando ver cómo se puede encajar lo que hay allí en la legislación vigente para que, a efectos de una posible responsabilidad patrimonial, cause el menor daño posible al Ayuntamiento”, expone la alcaldesa, Cristina Correa.

 

Ese resquicio que Xunta y alcaldesa esperan que sirva para rescatar el Talaso es la nueva Ley del Suelo de Galicia, que autoriza “construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean potenciadoras del medio donde se ubiquen”, y otro documento autonómico, el Plan de Ordenación del Litoral, que considera la talasoterapia como “uso autorizable en suelo rústico”.

El interés de la Xunta por salvar la infraestructura hotelera es coherente con la profusión de recursos públicos que se canalizaron hacia el establecimiento. Durante su construcción, el Gobierno de Fejóo destinó 4,5 millones de euros al proyecto, de los que 3,8 millones fueron concedidos a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el brazo inversor de la Xunta. A esa cantidad se sumaron otros 740.000 euros que aportó la Consellería de Cultura y Turismo como compensación por los perjuicios derivados del hundimiento del Prestige, ante un eventual descenso del número de turistas que pudieran ser ahuyentados por la marea negra.

Después llegaron ayudas menores, como una de 12.112 euros para “incrementar la capacidad innovadora de las pymes, contribuir a su crecimiento sostenible y, en consecuencia, favorecer el empleo y la generación de riqueza”. Esta última fue concedida en 2012, cuando el Talaso –que ocupa también parte del término municipal de Baiona—ya había sido declarado ilegal por el alto tribunal gallego.

El interés de la Xunta por salvar la infraestructura hotelera es coherente con la profusión de recursos públicos que se canalizaron en su construcción

El hotel, con una plantilla de medio centenar de trabajadores, se levantó en una parcela que las normas subsidiarias que rigen el municipio desde 1996 califican de suelo no urbanizable. El Ayuntamiento otorgó los permisos de construcción en el año 2000, conforme a una ordenanza que modificaba las condiciones urbanísticas del terreno pero que no llegó a aprobar de manera oficial. Las instalaciones del hotel ocupan una superficie de 32.000 metros cuadrados.

La orden de derribo está encima de la mesa del Ayuntamiento de Oia desde 2009, cuando era alcalde Alejandro Rodríguez, pero a esa instancia le siguieron otras como la que en diciembre de 2012 amenazaba al regidor con multas periódicas si se seguía resistiendo a la demolición. Las sanciones coercitivas regresaron hace dos años, cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra Número 3 advertía a la actual regidora, ante “la absoluta desidia manifestada” en el cumplimiento de la sentencia.

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