En Madrid ha trascendido con especial resonancia. La gestión de las residencias durante la pandemia, competencia del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, le ha ocasionado, por un lado, una querella que ha llegado ya al Tribunal Supremo. Por otro, un cisma interno dentro de su Gobierno que ha acabado con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos) mostrándose manifiestamente en contra de la manera en la que ha procedido la consejería de Sanidad. “No es ético y posiblemente no sea legal”, reconocía en la Asamblea de Madrid.