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19 Febrero 2018 2141 votos

O Salnés, o cómo se desmantela un hospital público

Batas Blancas pone al centro sanitario de Vilagarcía de Arousa como ejemplo de los efectos de la política de recortes del gobierno de Feijóo

 

A CORUÑA

17/02/2018 15:53 Actualizado: 17/02/2018 15:53

JUAN OLIVER

Las personas y las organizaciones que defienden la sanidad pública aseguran que la reforma sanitaria de Alberto Núñez Feijóo, que ya ha iniciado su tramitación en el Parlamento de Galicia, abocará a los gallegos a contar con un sistema sanitario precario, dependiente de los hospitales privados y discriminatorio con sus usuarios, en especial con los que habitan en las zonas interiores de la comunidad. Mientras el PP asegura que las multitudinarias protestas contra la reforma son sólo "un intento de desgastar al Gobierno por unos cuantos votos", las asociaciones de profesionales y de pacientes, los sindicatos y la oposición política alertan de que la nueva ley acabará con las estructuras de salud construidas en los últimos treinta años.

Lo cierto es que ese proceso de desmantelamiento ya ha comenzado, a juicio de esas organizaciones, y se ha hecho notar con dureza en los hospitales comarcales, levantados, curiosamente, durante los gobiernos de Manuel Fraga, en los que Feijóo participaba directamente en la aplicación de la estrategia sanitaria como secretario xeral de la Consellería de Sanidade. 

Según señalan los portavoces de la Asociación Batas Blancas, que integra a médicos y personal de enfermería de toda la comunidad, la puesta en marcha de esos centros comarcales tuvo un impacto social muy relevante en sus comarcas. Además de las ventajas evidentes sobre la salud de la población y de que por cada hospital se crearan entre 300 y 500 puestos de trabajo directos, su apertura tuvo una "enorme repercusión en la población joven y en el empleo femenino, en los proveedores y empresas locales, en el mercado inmobiliario y en la disminución del gasto y de los trastornos familiares, al evitar numerosos desplazamientos a otras áreas sanitarias". 

El hospital fue constituido como Fundación Pública

La llegada al Gobierno de Feijóo, sin embargo, ha supuesto, a juicio de la asociación, la reversión de ese proceso. Y el ejemplo paradigmático es el Hospital do Salnés, en Vilagarcía de Arousa, que da servicio a una comarca nueve municipios y más de 112.000 habitantes. Fue constituido como Fundación Pública, un modelo ideado por el ex conselleiro y ex ministro de Sanidad Manuel Romay Beccaría, cuyo hombre de confianza, por cierto, era Feijóo, y que fue hartamente utilizado por el PP para dotar a la sanidad pública de fórmulas de gestión privada. 

El Hospital de O Salnés fue inaugurado por el propio Fraga en enero del 2001, y a pesar de estar ubicado en una de las pocas comarcas gallegas que ganan población sostenidamente, desde el año 2009, los recortes de Feijóo han hecho que haya ido perdiendo progresivamente autonomía, personal y departamentos. 

Según Batas Blancas, primero se cerraron los servicios de Radiología y Análisis Clínicos de la Casa del Mar de Vilagarcía y se trasladó al hospital de Pontevedra la sala de Digestivo, lo que supuso dejar sin recursos propios de radiodiagnóstico y analíticas al departamento de Atención Primaria. El resultado fue que alrededor de cuarenta pacientes tuvieron que empezar a desplazarse cada día a esa ciudad para recibir la atención que precisaban. 

Después se eliminó la unidad de Parto Natural, que había permitido al centro de O Salnés recibir de Unicef la acreditación de “Hospital Amigo de los Niños”, una referencia con la que sólo contaban otros siete centros en toda España. También se suprimieron las especialidades de Neurología, Andrología y Salud Sexual –esta última la única en Galicia-. El servicio de Farmacia pasó a ser una Unidad de dispensación, mientras que algunos departamentos administrativos, como Informática, Control de Gestión, Contabilidad, Personal, Almacenes, Compras y Suministros se trasladaron también a Pontevedra o pasaron a depender de ese hospital. 

Algo parecido sucedió con otros servicios médicos, como Medicina Interna, el más importante por volumen de pacientes, y Radiodiagnóstico, que fueron reformulados para hacerlos dependientes de Pontevedra. También se eliminó la sección de Otorrinolaringología y se privó de autonomía a las especialidades de Urología, Oftalmología y Digestivo. 

"El servicio de Psiquiatría ha pasado a realizar las interconsultas de los pacientes ingresados telefónicamente, sin que vea al paciente ningún especialista", aseguran los portavoces de Batas Blancas, que advierten también de que los médicos especialistas del hospital de O Salnés son considerados como "profesionales de segunda" dado que para derivar enfermos a Pontevedra, sus decisiones "han de ser revisadas por otro facultativo"  de ese centro. 

"Tampoco se ha cumplido con la ampliación de la cartera de servicios prevista a través de la creación de la unidad de Hemodiálisis, de la de Corta Estancia, de la ampliación de la hospitalización a domicilio, de la sala de tratamientos oncológicos, la casa de partos y la renovación del equipamiento tecnológico", abunda Batas Blancas, que afirma que el desmantelamiento de servicios incluso llegó a la periferia: "Se cerró la escuela infantil Mafalda –una guardería para el personal abierta también al público-, a pesar del gran déficit de plazas que hay en la comarca. Se creó un parking de pago eliminando gran parte de los aparcamientos públicos y se suprimió la concesión de la lavandería a una empresa de la zona, que daba empleo a personas con discapacidad, derivándola a empresas de fuera de O Salnés". 

Batas Blancas ofrece toda esta historia retando al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, a rebatirlos más allá de una descalificación no motivada. Pero Almuíña niega la mayor. En respuesta a una pregunta parlamentaria de su partido sobre las mejoras implementadas en O Salnés, el conselleiro aseguró recientemente que las inversiones de la Xunta en el hospital desde que Feijóo es presidente rondan los 9,3 millones de euros, y que gracias a ellas se ha "incrementado un 27% sus espacios y dotaciones". Además, añade a esa cuantía las de otras inversiones previstas por más de 300.000 euros. 

Mientras tanto, la sanidad gallega sigue dando muestras evidentes de una depauperación inaudita, no sólo en O Salnés, sino también en los grandes hospitales. La semana pasada, la Asociación de Pacientes y Usuarios del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago hacía pública su enésima denuncia sobre el colapso de las urgencias del centro, donde se ha convertido en habitual la imagen de pacientes en camillas y sillas de ruedas esperando en los pasillos a recibir asistencia. 

Este lunes, Manuel Martín, presidente de SOS Sanidade Pública, la plataforma que reúne a la mayoría de las organizaciones que rechazan la reforma de Feijóo, ha vuelto a remitir una carta al presidente de la Xunta en la que pide una entrevista para solicitar la retirada de la nueva ley de salud y la apertura de "un proceso de negociación participativa abierta a todos los agentes sociales" para abordar los graves problemas en los que ha derivado la política de recortes presupuestarios en la sanidad.

 

Un fondo de capital de dos altos cargos de Fraga explota sin concurso el 

 

teléfono de atención sanitaria de la Xunta

El contrato fue adjudicado en el 2011 por valor de más de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, por lo que debería haber sido licitado de nuevo al concluir ese período.

JUAN OLIVER
A CORUÑA

18/02/2018 18:00 Actualizado: 18/02/2018 18:00

JUAN OLIVER

La Xunta de Galicia lleva siete años prorrogando irregularmente la subcontrata para la prestación del servicio de atención telefónica y cita previa del Servicio Galego de Saúde (Sergas), que adjudicó en el año 2011 a una unión temporal de empresas en la que participan dos altos directivos de los Gobiernos de Manuel Fraga. El contrato fue adjudicado en el 2011 por valor de más de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, por lo que debería haber sido licitado de nuevo al concluir ese período. Sin embargo, el Sergas no lo ha sacado a concurso, por lo que las citadas empresas siguen cobrando por prestar un servicio que debería haberse abierto desde el 2012 a la concurrencia de sus competidoras.

Las adjudicatarias, que habrían facturado a la Xunta más de 12 millones de euros en los últimos siete años, son Centro de Atención de Llamadas SA, ubicada Lugo, y Contacnova SL. Esta última tiene su sede social en Ourense, aunque su administrador único es Netaccede, una sociedad de capital riesgo con sede en Vigo creada en el 2009, es decir el mismo en el que Feijóo ganó sus primeras elecciones. Esa sociedad hizo pública su constitución pocos meses antes de que el Sergas sacara a concurso la cita previa telefónica en enero del 2010.

En la creación de Netaccede participaron varios empresarios y consultores. Entre ellos Diego Ramón Diz Fernández, ex director general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el organismo autónomo mediante el que la Xunta canaliza buena parte de sus ayudas, créditos y subvenciones al sector privado; y José María Matas, ex director general de Informática de la Administración autonómica en los años en los que Fraga la presidía. Entre los accionistas que impulsaron la creación de Netaccede figuraba Caixanova, una de las cajas gallegas quebradas con el crac financiero y cuyos máximos dirigentes están hoy condenados a penas de cárcel por su gestión al frente de la entidad.

El Sergas sacó a concurso la prestación de la atención telefónica de la cita previa en atención primaria en pleno verano del 2010, con una resolución de Galaria, la empresa pública que gestiona la prestación de ese tipo de actividades, firmada el 19 de julio por la entonces conselleira Pilar Farjas, que hoy ocupa la Secretaría General de Sanidad y Consumo en el Ministerio de Sanidad de Dolors Montserrat. La resolución, sin embargo, no se publicó en el Diario Oficial de Galicia hasta cinco semanas después, el 30 de agosto. La adjudicación definitiva del contrato, como figura en la resolución que acompaña a esta información, se produjo cinco meses después, el 20 de enero del 2011.

Los sucesores de Farjas, Rocío Mosquera, y el actual conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, como presidentes del consejo de administración de Galaria, deberían haber sacado de nuevo a concurso la prestación del servicio, dado que la normativa que regula la contratación pública prohíbe que las eventuales prórrogas puedan superar el plazo de ejecución inicial del contrato. Público ha intentado sin éxito recabar la versión del Sergas sobre qué amparo legal tiene la decisión de incumplir esa norma y multiplicando por seis el plazo del contrato inicial.

Además, la normativa de contratación pública advierte de que los contratos sólo pueden beneficiarse de las prórrogas por causas motivadas y “siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas”. Es dudoso que esas características se hayan mantenido inalterables en ese tiempo, en especial una de las más relevantes, el precio. El Sergas tampoco ha informado de la cantidad que paga por su teléfono de cita previa, pero si ésta ha crecido al ritmo del índice de precios al consumo, un factor que suele utilizarse con frecuencia para recalcular la cuantía de los contratos públicos, el incremento rondará el 7%. Es decir que los 1.659.788 euros de la contratación inicial superarían ahora los 2,4 millones.

No es la primera vez que el Sergas prorroga indefinidamente y sin motivación razonable los plazos de sus subcontratas. Hace cinco meses, otra denuncia de Batas Blancas destapó que el Complejo Hospitalario de Pontevedra seguía pagando facturas millonarias por contratos expirados con las empresas que gestionan varios servicios, desde la que lleva la cafetería a las que gestionan el laboratorio y archivo de historiales clínicos. El Consello de Contas, que ya había advertido irregularidades en la licitación inicial, rehusó sin embargo investigar el caso alegando que no era “prioritario” en su agenda de trabajo pactada con el Parlamento de Galicia, donde el PP tiene mayoría.

 

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Los nuevos asesores de Dolors Monserrat tienen importantes intereses en la sanidad privada

La ministra nombra de vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad al director de estrategia de una gran multinacional de tecnología sanitaria y como secretaria a una abogada de un bufete privado dedicado al derecho sanitario.  

nuevatribuna.es16 de Febrero de 2018 (18:57 h.)

Dolors Monserrat en la tribuna del Congreso.

A juicio de la FADSP, el Consejo “carece de cualquier viso de pluralismo ideológico, de solvencia técnica sobre salud pública y de representación de los intereses generales

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat ha renovado a la mitad de los miembros del Consejo Asesor de Sanidad. DE 42 personas, 21 son nuevas tal y como recoge el BOE con fecha 14 de febrero.

Para la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), esta nueva composición del Consejo supone el “desembarco masivo de los intereses de las empresas privadas en el organismo asesor del Ministerio de Sanidad”.

La vicepresidencia ha quedado en manos de Francisco de Paula Rodríguez, director de estrategia de MEDTRONIC IBERICA, una gran multinacional de tecnología sanitaria; y se ha nombrado de secretaria general a Ofelia de Lorenzo Aparicio, abogada del bufete De Lorenzo Abogados, especializado en derecho sanitario.

También están representantes de las empresas privadas de provisión sanitaria y de las empresas farmacéuticas, primando así, denuncia la FADSP, “la presencia de los intereses privados en el sector, además de los de las corporaciones (colegios profesionales)”, ya que sus presidentes forman parte como miembros natos en este órgano.

El Consejo Asesor de Sanidad, integrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es un órgano consultivo y de asistencia a la persona titular del Departamento en la formulación de la política sanitaria.

A juicio de la FADSP, el Consejo “carece de cualquier viso de pluralismo ideológico, de solvencia técnica sobre salud pública y de representación de los intereses generales, y solo recoge los de los grupos que presionan por la privatización del sistema sanitario. Una evidencia más de que la ministra carece de interés en nuestro sistema sanitario público y que lo mejor que podía hacer por el mismo es irse”, señalan.

Como vocales figuran: Juan Abarca Cidón; Víctor Pérez Díaz; José Luis Puerta López-Cózar; Pilar Garrido López; Diego Murillo Carrasco; Ángel Carracedo Álvarez; Julio Sánchez Fierro; Bartolomé Beltrán Pons; José Ramón González Juanatey; Juan José Afonso Rodríguez; María Sanjurjo Sáez; Vicenç Martínez Ibáñez; Juan Martínez León; María Rosario Fernández García; Mario Mingo Zapatero; Javier Cabo Salvador; Rafael Matesanz Acedos; Tomás Castillo Arenal; Eulalia Juvé Udina; Luciano Vidán Martínez.

El Presidente de Pladesemapesga solicita la adhesión de los ciudadanos que quieran compartir el escrito de denuncia contra la gestión de la pandemia del Coronavirus por la Xunta de Galicia.  ver más...+ Documentos descagables; 

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COMUNICADO XORNAL GALICIA; Mar Sánchez Sierra esta utilizando el " modus operandi en Gestión Reputacional..+ " de la Operación Púnica a través  de contratos publicitarios del coronavirus usando intermediarios. ver comunicado completo..haciendo clic aquí.+

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