En Galicia existen más de 60 puntos sospechosos de albergar concentraciones inadecuadas de PFAS (compuestos poli- y perfluoroalquilados). Estos compuestos tóxicos y cancerígenos no se degradan y se acumulan en el medio ambiente y en el organismo, causando daños irreversibles en los sistemas reproductor, inmunitario y cardiovascular.

También pueden actúan como disruptores endocrinos. Bases militares, gestores de residuos, industrias y aeropuertos son zonas candidatas a albergar los PFAS y en Galicia están catalogados más de 60 puntos cuyas condiciones serían homologables a otros 800 en toda España y podrían suponer un peligro evidente para la población.

Está previsto que en 2025 sea obligatorio que todos los países de la UE establezcan controles de PFAS en las aguas de bebida. Sin embargo, el Estado español es uno de los pocos de Europa que aún no cuenta con datos actualizados de la presencia demostrada de estos compuestos, usados para una gran variedad de procesos industriales. En España, al contrario que ocurre en otros países de Europa, no se realiza un control sistemático de la concentración de PFAS en terrenos, ríos y acuíferos. Sin embargo, seis estudios científicos publicados entre 2016 y 2023 (CIDE y CSIC), así como analíticas de 2020 y 2021 realizadas por las Confederaciones Hidrográficas arrojan un dato ya preocupante: en Galicia hay ya 4 puntos demostrados con altos niveles de PFAS. No es de recibo que España haya quedado al margen del proyecto europeohttps://foreverpollution.eu/ y ocupe una vergonzosa posición en el vagón de cola de las dinámicas de sostenibilidad europeas.

ARCO IRIS insta a la Xunta de Galicia a diseñar de inmediato un plan integral de control de los PFAS en nuestro territorio a cuyo cargo podría estar el PCV (plan de control de vertidos). Los datos obtenidos deben incluirse en el nuevo PRTR, recién reformado a nivel europeo. La entrada en vigor este año de la normativa europea de control de aguas de grifo es un primer paso para el obligado cumplimiento de los valores límite en 2025. De no actuar de inmediato, la Xunta y el estado podrían hacer frente a cuantiosas sanciones por parte de la Unión Europea.