Santiago de Compostela, 25 de febrero de 2025 — El Partido Popular (PP) vuelve a ser señalado por su doble rasero en materia de derechos sociales y gestión de lo público. Mientras anuncia medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda, la formación conservadora es acusada de consolidar la privatización de terrenos costeros de dominio público para beneficio de sus propios dirigentes. La diputada socialista Paloma Castro llevó este jueves al Pleno del Parlamento gallego una pregunta urgente para denunciar lo que calificó como un “escándalo de hipocresía y privilegios”.

Privatización encubierta en Moaña: el caso Feijóo

El núcleo de la denuncia se centra en una vivienda ubicada en primera línea de playa en Moaña, propiedad de la familia de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP. Según datos oficiales, 210 metros cuadrados del jardín de la propiedad pertenecen al dominio público marítimo-terrestre desde 2007. Sin embargo, en lugar de devolver ese espacio a la ciudadanía, los Feijóo han solicitado una concesión administrativa de 30 años para mantener el uso privado de la zona. “Quieren perpetuar la privatización de un bien que es de todos los gallegos”, denunció Castro, quien tachó el hecho de “ejemplo obsceno de cómo la élite del PP utiliza lo público como si fuera su cortijo”.

La diputada socialista recordó que, pese a los discursos del PP sobre la necesidad de “agilizar” el acceso a la vivienda, sus prácticas en Galicia revelan una agenda contraria: blindar intereses particulares de sus círculos cercanos. “No hay peor ejemplo para quien aspira a gobernar un país que usar recursos públicos para su beneficio personal”, sentenció Castro, cuestionando la “moral política” de un partido que “habla de emergencia social mientras regala el litoral a sus amigos”.

La Xunta, en la mirilla: ¿Servirá a la ciudadanía o a Feijóo?

La pregunta de Castro interpela directamente al Gobierno gallego, controlado por el PP, ante el inminente traspaso de competencias en la gestión del litoral. La diputada exigió a la Xunta que garantice el acceso público a playas y costas, evitando que “los intereses privados de Feijóo y su camarilla prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía”. “¿Permitirá la Xunta que este saqueo legalizado continúe?”, interrogó, subrayando el riesgo de que el PP convierta la descentralización en un “cheque en blanco para sus redes de influencia”.

Los socialistas advierten de que este caso no es aislado, sino parte de un patrón recurrente: la legislatura de Feijóo al frente de la Xunta (2009-2022) estuvo marcada por polémicas concesiones en zonas costeras a empresarios afines, un modelo que ahora podría replicarse a escala nacional. “No consentiremos que el litoral se convierta en un club privado para los socios del PP”, afirmó Castro.

El Parlamento gallego, ¿nuevo campo de batalla institucional?

El debate en el hemiciclo derivó en un nuevo conflicto cuando la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, del PP, respondió a Castro con lo que el Grupo Socialista tachó de “inexactitudes flagrantes”. El presidente de la Cámara, también popular, intervino entonces para respaldar a Vázquez, actuando —según los socialistas— como “juez y parte” en lugar de como moderador neutral. La tensión escaló hasta llevar al PSOE a presentar una protesta formal ante la Mesa del Parlamento, acusando al PP de “manipular las reglas democráticas para silenciar las críticas”.

Conclusión: El PP y la cultura del privilegio

Este episodio refuerza la imagen de un PP atrapado en lo que sus detractores llaman “la cultura del privilegio”: retórica social para las cámaras y puertas giratorias para unos pocos. Mientras Galicia enfrenta desafíos como la especulación inmobiliaria y la pérdida de acceso a las costas, la formación que gobierna la comunidad prioriza consolidar ventajas para sus dirigentes. La advertencia de Castro resuena ahora como un llamado a defender lo público: “El litoral no se vende, se defiende. Y nosotros no vamos a mirar hacia otro lado”.

La pregunta que queda es si la ciudadanía gallega, históricamente ligada a su mar, permitirá que su costa se transforme en un botín político o exigirá, como prometen los socialistas, que la democracia también llegue a la orilla del mar.