Comunicado de Arco Iris descargable al final del articulo. El próximo 25 de marzo de 2025 finaliza el plazo otorgado por la Xunta de Galicia para la licitación y adjudicación de un contrato de asistencia técnica destinado a la vigilancia y seguimiento de los vertidos de aguas residuales en la demarcación hidrográfica Galicia Costa. Este contrato, impulsado por Augas de Galicia (AG), tiene un presupuesto inicial de 1,3 millones de euros, aunque podría ampliarse hasta 3,3 millones si su vigencia se extiende a cinco años. Esta decisión ha generado serias dudas sobre la idoneidad de privatizar servicios públicos tan sensibles como el control ambiental.

El Plan de Control de Vertidos (PCV), dependiente de Augas de Galicia, ha estado operando desde 2009. Sin embargo, tras recibir una inyección económica de cinco millones de euros en 2026 por parte de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CMAOT) para "reforzar y consolidar el control de vertidos", surge este nuevo contrato que externaliza labores clave de inspección y monitoreo. Para muchos, esta medida resulta incompatible con la necesaria objetividad y eficacia en tareas relacionadas con la protección ambiental.

Desde la Asociación Ecologista Arco Iris se critica duramente esta privatización, señalando que deja en evidencia las contradicciones de quienes defienden lo público frente a lo privado, pero optan por crear “nuevos chiringuitos o tenderetes” para gestionar funciones de vital importancia ambiental. La organización ecologista considera sospechosa la temporalidad de esta maniobra, especialmente cuando se aproxima la recta final para la decisión sobre el permiso de instalación de ALTRI, una empresa que se convertirá en una de las principales fuentes de vertidos a las aguas continentales de Galicia.

Una de las funciones del nuevo "programa de control" sería supervisar las instalaciones de depuración de aguas residuales, incluidas aquellas que podrían ser operadas por ALTRI en el futuro. Esta coincidencia genera preguntas incómodas: ¿es una casualidad o una causalidad?

Ante esta situación, ARCO IRIS hace un llamamiento a la oposición parlamentaria para que ejerza sus funciones de control y fiscalización sobre estos procesos, que dejan un rastro de fundadas sospechas sobre posibles intereses ocultos detrás de la privatización de servicios públicos esenciales.

En un contexto donde la gestión sostenible de los recursos naturales es más crucial que nunca, la decisión de la Xunta de Galicia pone en tela de juicio su compromiso real con la protección del medio ambiente y la transparencia en la gestión pública