Vecinos de Monfero, afectados por la aprobación del PRUX del Eume, han interpuesto una demanda contra la Xunta de Galicia por vulneración de sus derechos de propiedad. Las restricciones de usos contempladas en el Plan de Gestión del parque natural podrían ser constitutivas de un presunto delito de prevaricación por parte de los dirigentes de la Dirección de Medio Natural, autores intelectuales de un Plan que nace condenado al fracaso. Por todo ello, una denuncia dirigida al Fiscal General del Estado el pasado 27 de mayo, insta a la Xunta a buscar una salida consensuada a la crispación social.

Los vecinos afectados echan en cara a la dirección xeral de Belén do Campo que impusiera por decreto una serie de resticciones de uso que atentan contra la propiedad privada de sus parcelas y suponen de facto una expropiación, aunque sin contrapartida económica. ARCO IRIS había conseguido, mediante una alegación, que la Xunta se comprometiera a aportar 1.100.000 euros al plan de inversiones del PRUX, aunque sin especificar a qué irían destinados esos fondos. Los vecinos exigen ser expropiados y compensados económicamente por la entrada en vigor del Plan. Este escenario es el que ha provocado el retraso normativo de las Fragas y no ha variado en absoluto desde los primeros intentos de completarlo. La única diferencia es que ahora sí la Xunta se ha decidido a aprobar un documento sin haber dialogado ni buscado un acuerdo justo con los propietarios.
La integración de quienes viven en los parques naturales es un ingrediente fundamental de su aceptación social y de ello depende la viabilidad de estos enclaves. Si su declaración no cuenta con el consenso de los habitantes, el fracaso está cantado. ARCO IRIS advierte a Medio Ambiente de la necesidad de buscar un acuerdo rápido con los vecinos y establecer mecanismos justos de compensación en evitación de males mayores, que podrían poner en serio peligro la integridad de todo el parque natural.