El Índice de Percepción de la Corrupción en Galicia revela que la corrupción generalizada debilita la respuesta institucional de medidas de prevención contra la COVID-19 y amenaza la recuperación global.

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Reportaxes a fondo | 28 Enero 2021 | 2671 votos Regístrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
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Galicia, tan corrupta como Gambia »...+ https://www.google.com/search?q=percepci%C3%B3nd+e+la+corrupcion+en+galicia Su máxima representación política, Feijóo y María del Mar Sánchez Sierra están siendo investigados por sus vinculos a la corrupción Internacional por la Fiscalía de México y el FBI.... https://www.google.com/search?q=fbi+fiscalia+xornalgalicia

La malversación de lo público institucionalizada en Galicia...+

Con la puntuación de mejora obtenida en 2019, cuando subió de 58/100 puntos (obtenidos en el IPC 2018) a 62/100, pero sin conservar su misma posición en el ranking, al descender de 30/180 a 32/180. Con este resultado, España queda un escalón por encima de Portugal y Corea del Sur (que este año se encuentran en la posición 33, con una puntuación de 61/180), y uno por debajo de Bahamas y Qatar, que en el IPC 2020 han obtenido una puntuación de 63 y se sitúan en la posición 30/180.

Para comprender estos resultados, hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. Esta calificación, por lo tanto, deja en evidencia que la corrupción en España continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía. Es preciso recordar que entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó 7 puntos. Con la mejora del año 2019 y el mantenimiento de la puntuación de 2020, España sigue por debajo de la puntuación que tenía hace 8 años, si bien la diferencia es mucho menor: seguimos con 3 puntos menos que los que logró en 2012, cuando su puntuación fue de 65.
De acuerdo con la metodología del IPC1, solo se puede afirmar que existe una mejoría real de la posición cuando un país continúa subiendo su puntuación en años sucesivos. Para poder afirmar que existe una verdadera mejoría, habría que, por lo menos, mantenerse en la misma puntación durante el año próximo. Sin embargo, lo importante será que España no se conforme con esta posición, que nos coloca por detrás de países europeos como Bélgica, Estonia, Irlanda o Francia.

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Para poder subir en la puntuación se requieren esfuerzos institucionales, normativos y jurisdiccionales relevantes, y la experiencia nos ha demostrado lo fácil que fue caer de golpe

En 2012 se modificó y actualizó la metodología utilizada para el IPC. De ahí que las comparaciones de puntuación de un año a otro solo se pueden hacer en relación o a partir de los datos y puntuaciones obtenidas en 2012. En este sentido, en 2019 España ha bajado solo 3 puntos en relación con 2012.
puntos si no se demuestran compromisos reales y medidas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción. A partir de la puntuación obtenida hoy, España solo podrá mejorar su puntuación y posición en los sucesivos índices de percepción si se implementan procedimientos y controles adecuados de rendición de cuentas, además de contar con las reformas institucionales necesarias para reducir, de manera significativa, el grado de corrupción en el sector público.

Covid-19 y la crisis sanitaria a nivel global Este año, el IPC se ha visto influido también por la incidencia de una crisis sanitaria mundial que ha hecho aflorar la desigualdad, las instituciones débiles y la fragilidad a la que puede verse expuesto el Estado de derecho. Los estados y los gobiernos se han visto expuestos a un escenario propicio para la corrupción y malas prácticas en esta crisis sanitaria. Se han tenido que flexibilizar y agilizar diversos procesos de compra de suministros públicos dada la urgencia y la situación de necesidad, generando un escenario de especial vulnerabilidad y dependencia que constituye un campo fértil para la corrupción: casos de fraude, de suministros defectuosos y de retrasos injustificados, entre otras irregularidades, que se han dado en diversos países de nuestro entorno.
La corrupción se ha evidenciado también de forma generalizada en la contratación de material sanitario.

Los países con los niveles más altos de corrupción se han mostrado como los más propensos a sufrir menoscabos al Estado de derecho y las instituciones democráticas durante la crisis de la COVID-19. Uno de ellos es Filipinas (34), donde la actuación del gobierno frente a la pandemia se ha caracterizado por los ataques a los derechos humanos y a la libertad de prensa. Estados Unidos mantiene su tendencia descendente con 67 puntos, su peor puntuación desde 2012. Aparte de los presuntos conflictos de interés y abusos de autoridad existentes al más alto nivel, en 2020 han saltado las alarmas por la débil supervisión del billón de dólares destinado a la lucha contra la COVID-19, en un país con una larga historia de normas democráticas que promueven la rendición de cuentas por el gobierno.

España no ha estado exenta de los problemas que ha generado en este sentido la Covid-19 y ha evidenciado la necesidad de revisar las estructuras de control y rendición de cuentas en situaciones de emergencia, para evitar poner en riesgo las estructuras institucionales y democráticas. Este 2021 estará marcado por estas mismas circunstancias, por el destino de recursos públicos para la adquisición de vacunas y procesos de vacunación, así como –particularmente en Europa- por el destino y la adjudicación de los Fondos Europeos de recuperación–Covid. De ahí que el IPC 2021 tendrá especial enfoque en evaluar los procesos de control y rendición de cuentas en este escenario tan particular. En resumen, tal y como ha señalado Delia Ferreira, Presidenta mundial de Transparency International: “La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, y agrega: “hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los países que ocupan los primeros puestos del índice tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países”.

Resultados destacados y cambios más significativos a nivel global

La edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, basándose en trece evaluaciones de instituciones independientes y encuestas a expertos y empresarios. Utiliza una escala de cero (corrupción elevada) a cien (corrupción inexistente).

Con 88 puntos cada una, Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan a la cabeza del índice. En el extremo opuesto se encuentran Siria, Somalia y Sudán del Sur, con 14, 12 y 12 puntos respectivamente.

Cerca de la mitad de los países llevan casi una década estancados en la misma posición dentro del índice, lo que sugiere que los esfuerzos de sus gobiernos para llegar a las causas primarias de la corrupción se han paralizado, y más de dos tercios tienen una puntuación por debajo de 50.
Desde 2012, el año desde el cual podemos establecer comparaciones conforme a la metodología del IPC, 26 países han mejorado considerablemente su puntuación; en particular Ecuador (39), Grecia (50), Guayana (41), Myanmar (28) y Corea del Sur (61).
Por el contrario, 22 países han disminuido considerablemente su puntuación: Bosnia Herzegovina (35), Guatemala (25), Líbano (25), Malawi (30) y Polonia (56).

Recomendaciones desde Transparency International

El pasado 2020 trajo consigo desafíos a la integridad incluso en los países con las máximas puntuaciones, lo que demuestra que ningún país está libre de corrupción. Para mitigar la corrupción y afrontar mejor las crisis del futuro, Transparency International recomienda a los gobiernos:

• Reforzar los organismos anticorrupción e instituciones supervisoras de modo que los recursos lleguen a las personas que más los necesitan. Los organismos anticorrupción y las instituciones supervisoras necesitan contar con fondos, recursos e independencia suficientes para cumplir su cometido.
• Asegurar procesos de contratación abiertos y transparentes para combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos.

• Defender la democracia y fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos.
• Publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil de entender.

Si desea consultar los resultados del IPC 2019, puede pinchar aquí.
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl


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