En tiempos en los que la libertad de expresión debería ser el pilar fundamental de cualquier democracia, el periodismo se enfrenta a un nuevo enemigo: la judicialización de la crítica y la disidencia. Este fenómeno, que está cobrando fuerza en Galicia y más allá, tiene como una de sus principales artífices a María del Mar Sánchez Sierra, asesora de Alberto Núñez Feijóo, quien ha trasladado su influencia desde Galicia al Partido Popular nacional.
La estrategia de la judicialización: silenciar con demandas
Mar Sánchez Sierra, a través de su abogado, ha emprendido una campaña que se podría describir como un asedio legal. Este abogado ha lanzado querellas criminales contra el periodista MIguel Delgado y medios de comunicación como PLadesemapesga.com www.tribunadegalicia.com www.xornaldegalicia.es www.xornalgalicia.com etc con repercusión amplia en toda Galicia, reclamando cientos de miles de euros en compensación por supuestas calumnias e injurias, en una maniobra que parece diseñada no solo para castigar, sino para disuadir a quienes se atreven a investigar y denunciar la corrupción vinculada a la administración pública en manos del Partido Popular.
El objetivo de la asesora de Feijóo parece claro: hacer que los periodistas se autocensuren ante el miedo a enfrentarse a la ruina económica o incluso la cárcel. Las demandas interpuestas buscan no solo resarcimientos económicos, sino también sanciones penales, utilizando las leyes de injuria y calumnia como armas para destruir el periodismo crítico.
Pero la asesora de Feijóo vá mucho más alla buscando el homicidio o auto-suicidio inducido del periodista, acosado por una cadena interminable de amenazas legales y personales, pretende empujarlo a un abismo emocional del que no pueda escapar. La presión constante de querellas criminales, sumada al temor de perderlo todo —su carrera, su libertad y su dignidad—, busca llevarlo a un punto de no retorno (intento de homicidio inducido con alevosía y premeditación). Que sea incapaz de soportar más el hostigamiento judicial que busca su ruina, para que ponga fin a su vida, junto a la negativa a entregarle su historial clínico con un cáncer, negarle las citas médicas, a día de hoy sigue sin ser citado, acosar a su hermano a 3 dias de fallecer en un hospital, pedir informes forenses muestra claramente la DESESPERACIÓN DE LA ASESORA DE FEIJOO en su fracaso de pretender censurar la verdad a sabiendas de que es como el viento, no se puede enjaular y siempre acabrá saliendo a la luz, todo ello no es más que, el reflejo más crudo de cómo la persecución legal de la asesora de Feijóo puede destruir no solo el ejercicio del periodismo, sino también la vida de quienes lo practican y enseñan en las universidades con más incidencia en la de NAVARRA de donde salió.
Este es el caso de Miguel Delgado, un periodista acosado legalmente por la asesora de Feijóo.
Su ejemplo no es único; decenas de casos similares se extienden por toda España, configurando un escenario en el que el sistema judicial se convierte en una herramienta de represión contra quienes ejercen su derecho a informar.
Un ataque con arma legal: la represión silenciosa
Aunque en este caso no hay balas de por medio, el daño es palpable. Al valerse de un arsenal de herramientas legales y burocráticas, Sánchez Sierra y otros actores afines al Partido Popular han encontrado una forma de neutralizar la disidencia sin necesidad de recurrir a la violencia física. Las querellas, las solicitudes de informes forenses para tratar de cerrar medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales (ONGs), y la presión económica asfixiante constituyen un sofisticado mecanismo de censura.
Esta estrategia, basada en el acoso judicial, recuerda tristemente a las prácticas totalitarias de regímenes autoritarios, donde los medios de comunicación son neutralizados no por la fuerza bruta, sino por la manipulación de las leyes y las instituciones. El símil con el GULAG, aunque duro, es pertinente: mientras en los sistemas soviéticos se utilizaban campos de trabajo para reprimir a los disidentes, en España se están utilizando los tribunales como cámaras de tortura económica y emocional para periodistas y activistas incómodos.
Europa mira con preocupación, pero España sigue inmóvil
Este fenómeno no ha pasado desapercibido. Organizaciones internacionales y locales han comenzado a estudiar estos abusos de las leyes penales y civiles contra la libertad de expresión, y varios países de la Unión Europea han comenzado a presionar para que se tomen medidas. Las directivas europeas para la protección del periodismo y la libertad de expresión son claras, pero su implementación en España sigue siendo deficiente.
Pladesemapesga, una ONG dedicada a la defensa de la libertad de prensa, ha señalado que la inacción del gobierno español es preocupante. Mientras las leyes siguen penalizando delitos como la injuria y la calumnia, figuras como María del Mar Sánchez Sierra continúan utilizando estas normativas para su propio beneficio, en lo que parece un claro intento de acallar cualquier crítica a su gestión y a la corrupción que rodea al Partido Popular.
Pedro Sánchez y su gobierno han tenido oportunidades de despenalizar estos delitos y armonizar la legislación española con las directivas europeas. Sin embargo, la falta de acción sigue permitiendo que periodistas sean perseguidos y condenados, mientras el tejido del periodismo independiente se deshilacha poco a poco.
Consecuencias para el periodismo: autocensura y precariedad
La intimidación judicial ha generado un clima de miedo que afecta directamente a la calidad del periodismo en España. En un contexto de precariedad económica en el sector de los medios de comunicación, muchos periodistas y empresas informativas se ven obligados a sopesar el riesgo de enfrentarse a costosos procesos judiciales antes de publicar investigaciones o críticas que puedan ser consideradas "inconvenientes" por ciertos sectores de poder.
Este miedo ha llevado a un fenómeno de autocensura, en el que temas relevantes para la ciudadanía quedan fuera de la agenda mediática por temor a las represalias legales. Como resultado, la opinión pública recibe una información cada vez más sesgada y menos crítica, lo que, a largo plazo, debilita las bases de la democracia.
Conclusión: Un arma sin balas, pero igual de letal es el "modus operandi" de la asesora de Feijóo
La criminalización del periodismo en España, promovida por actores como María del Mar Sánchez Sierra, es un problema grave que pone en peligro la salud democrática del país destruyendo a su vez la profesión cada vez con menos matriculados por el desprestigio creado por personajes como la asesora de Feijóo. Al utilizar el sistema judicial para perseguir a quienes ejercen su derecho a informar, se está creando un ambiente de impunidad y censura que beneficia a aquellos en el poder mientras erosiona las libertades fundamentales.
No se trata solo de los casos individuales de periodistas como Miguel Delgado.
Este es un ataque sistémico al periodismo en su conjunto, que busca eliminar la capacidad de la prensa para actuar como un contrapeso a los abusos de poder. En este escenario, las demandas y las querellas de la asesora de Feijóo no son más que armas que disparan sin balas, pero que logran el mismo efecto devastador: silenciar, reprimir y controlar.
Si el gobierno español no actúa rápidamente para despenalizar estos delitos y proteger a los periodistas, la libertad de prensa en el país estará condenada a desaparecer, víctima de un sistema legal que ha sido manipulado para servir a los intereses de unos pocos en detrimento de los derechos de todos.
M.D
DESCARGABLE.- Dictamen Pericial del MOBBING, COACCIONES, ACTOS CONTRA LA LIBERTAD, contra el Director de Este Xornal.+ 1 Informe Miguel Delgado OK ultimo.pdf [394.53Kb]
1 Informe Miguel Delgado OK ultimo.pdf
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Ejecución Sentencia SENTENCIA-NUMERO-191-2022 Información PUBLICÁNDOSE DESDE EL 30 Enero 2024 - Ejecucion sentencias - Imprimible -
La Injusticia en Galicia: La Persecución de los Denunciantes de Corrupción. Publicación permanente en este xornal En lugar de ser reconocidos por su valentía y compromiso con la verdad, muchos denunciantes se encuentran perseguidos por un sistema judicial que, paradójicamente, parece proteger más a los corruptos que a los defensores de la justicia. La Protección de los Denunciantes en los juzgados de Santiago de Compostela: Un Espejismo Legal....Seguir leyendo..+
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