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O xulgado finaliza a instrución da Operación Qatedra e dirixe a causa contra tres responsables dunha consultoría

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14 Marzo 2019 1283 votos
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O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Lalín finalizou a investigación da coñecida como Operación Qatedra, relacionada cunha presunta fraude de subvencións destinadas a cursos de formación. A maxistrada acordou que a causa se siga contra os dous irmáns responsables dunha consultoría e a muller dun deles por se os feitos que se lles imputan fosen constitutivos dun delito de falsidade documental continuada en documentos oficiais e pertenza a grupo criminal. A instrutora acordou no auto notificado hoxe o sobresemento da causa respecto os outros 51 investigados.

OPERACIÓN ZETA› Crespo afirma que contrató al “mejor amigo de Feijóo” como “abrepuertas”..+

El principal imputado en la trama de los cursos asegura que el presidente alertó a su conseguidor de los pinchazos telefónicos

 

A xuíza indica que hai indicios de que os dous irmáns “idearon un sistema para a obtención de subvencións da Administración autonómica”. Para iso, supostamente convencían a empresas para que solicitasen axudas para a formación dos seus empregados. A consultoría que dirixían os dous investigados e na que a muller dun deles participaba “de forma activa” achegaba, segundo sinala a instrutora, “toda a infraestrutura necesaria, incluída a financeira, para realizar a tramitación administrativa”.

 

En todos os expedientes de subvención era necesario facer constar os traballadores que participaban nas clases, así como a súa avaliación, con firma, en moitos casos, dos alumnos. “Como en ocasións non era factible cubrir a cota de traballadores partícipes no curso, os irmáns, que actuaban de común acordo, incluíron nos diversos cursos que organizaban a traballadores que non participaran nos mesmos, incluíndo todos os datos relativos aos mesmos e imitando as súas firmas en moitos casos, todo iso con pleno coñecemento de que a declaración desas falsas presenzas nos cursos tiña por obxecto formar parte do expediente administrativo de subvención e ía ser valorada pola administración á hora da concesión da mesma”.

En canto ao sobresemento da Operación Qatedra, a instrutora sinala no auto que respecto a trece persoas non resultan “debidamente acreditados” os indicios de que fose perpetrado o delito debido a todos os expedientes que non están incluídos na relación de feitos. A titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Lalín tamén decretou o sobresemento por prescrición da responsabilidade criminal sobre os expedientes promovidos por un sindicato contra dúas persoas. Respecto a tres das investigadas, a maxistrada argumenta no auto que non quedou acreditado que tivesen “poder de disposición sobre os feitos obxectos de investigación” e, ademais, salienta que os feitos prescribiron en relación a elas. A xuíza, respecto a outros once sospeitosos, sinala que nalgúns casos “non foron nin profesores dos cursos” e ademais, nalgúns casos, a causa prescribira.

En relación aos vinte e dous empresarios investigados, a xuíza sostén que foi imposible determinar quen dentro desas compañías tiña o control do curso. Ademais, destaca que “na maior parte dos casos” os feitos prescribiron. Contra o auto cabe presentar recurso. En canto sexa firme, darase traslado ao Ministerio Fiscal para que no prazo de dez días solicite a apertura de xuízo oral formulando escrito de acusación, o sobresemento da causa ou, excepcionalmente, a práctica de dilixencias complementarias.

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El juzgado finaliza la instrucción de la Operación Qatedra y dirige la causa contra tres responsables de una consultoría

 

13/03/2019.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lalín ha finalizado la investigación de la conocida como Operación Qatedra, relacionada con un presunto fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación. La magistrada ha acordado que la causa se siga contra los dos hermanos responsables de una consultoría y la mujer de uno de ellos por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de un delito de falsedad documental continuada en documentos oficiales y pertenencia a grupo criminal. La instructora ha acordado en el auto notificado hoy el sobreseimiento de la causa respecto a los otros 51 investigados.

La jueza indica que hay indicios de que los dos hermanos “idearon un sistema para la obtención de subvenciones de la Administración autonómica”. Para ello, supuestamente convencían a empresas para que solicitasen ayudas para la formación de sus empleados. La consultoría que dirigían los dos investigados y en la que la mujer de uno de ellos participaba “de forma activa” aportaba, según señala la instructora, “toda la infraestructura necesaria, incluida la financiera, para realizar la tramitación administrativa”.

En todos los expedientes de subvención era necesario hacer constar los trabajadores que participaban en las clases, así como su evaluación, con firma, en muchos casos, de los alumnos. “Como en ocasiones no era factible cubrir el cupo de trabajadores partícipes en el curso, los hermanos, que actuaban de común acuerdo, incluyeron en los diversos cursos que organizaban a trabajadores que no habían participado en los mismos, incluyendo todos los datos relativos a los mismos e imitando sus firmas en muchos casos, todo ello con pleno conocimiento de que la declaración de esas falsas presencias en los cursos tenía por objeto formar parte del expediente administrativo de subvención e iba a ser valorada por la administración a la hora de la concesión de la misma”.

En cuanto al sobreseimiento, la instructora señala en el auto que respecto a trece personas no resultan “debidamente acreditados” los indicios de haberse perpetrado el delito debido a todos los expedientes que no están incluidos en la relación de hechos. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lalín también ha decretado el sobreseimiento por prescripción de la responsabilidad criminal sobre los expedientes promovidos por un sindicato contra dos personas. Respecto a tres de las investigadas, la magistrada argumenta en el auto que no ha quedado acreditado que tuvieran “poder de disposición sobre los hechos objetos de investigación” y, además, subraya que los hechos están prescritos en relación a ellas. La jueza, respecto a otros once sospechosos, señala que en algunos casos “no fueron ni profesores de los cursos” y además, en algunos casos, la causa estaría prescrita contra ellos.

En relación a los veintidós empresarios investigados, la jueza sostiene que ha sido imposible determinar quién dentro de esas compañías tenía el control del curso. Además, destaca que “en la mayor parte de los casos” los hechos están prescritos. Contra el auto cabe presentar recurso. En cuanto sea firme, se dará traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

  Operación Zeta: Crespo afirma que contrató al “mejor amigo de Feijóo” como “abrepuertas” | Galicia | EL PAÍS

Crespo afirma que contrató al “mejor amigo de Feijóo” como “abrepuertas”

El principal imputado en la trama de los cursos asegura que el presidente alertó a su conseguidor de los pinchazos telefónicos

En primera fila, Feijóo, Louzán y Pachi Lucas, en los toros en 2011
En primera fila, Feijóo, Louzán y Pachi Lucas, en los toros en 2011

Gerardo Crespo, al que una juez de A Coruña acusa de dirigir una trama empresarial para defraudar subvenciones públicas a cursos de empleo, admite que tuvo en nómina durante año y medio al empresario Pachi Lucas para que le hiciese de “abrepuertas”. Crespo, hasta ahora militante del PP, señala a Lucas —a quien asegura que pagaba 3.000 euros al mes— como “el mejor amigo” del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

 

En una entrevista en el programa A vivir que son dos días del circuito gallego de la SER, Crespo explicó que su relación con Lucas, a quien la policía señala como su mediador ante la cúpula del PP, se rompió a principios de 2012. Hasta entonces, había trabajado para él en una función que el empresario coruñés se resiste a calificar de conseguidor, pero que define como “abrepuertas”.

 

La ruptura se produjo cuando la Xunta, poco después de que se abriese una investigación judicial, comenzó a inspeccionar las empresas de Crespo. “Dejó de coger el teléfono, desconectó de nosotros, lógicamente porque le avisó su íntimo amigo Núñez Feijóo de los pinchazos”, afirmó el principal imputado en la llamada Operación Zeta.

Crespo, que recuerda que entró como militante de Alianza Popular con 18 años, cuando eran “cuatro gatos”, expresó en la entrevista radiofónica su malestar con los dirigentes del PP gallego: “Me han decepcionado las actitudes desleales de Carlos Negreira, alcalde de A Coruña [el sumario del caso deja constancia de la fluida relación entre ambos] de Beatriz Mato como conselleira de Traballo, del propio presidente de la Xunta... Si yo tengo en plantilla a su mejor amigo, que duerme muchas veces en Monte Pío [residencia oficial del presidente] lo mínimo es avisarme ‘tienes pinchado el teléfono’. Porque ellos avisaron a Pachi Lucas, se desmarcaron de mí revocándome los cursos y dejaron de cogerme el teléfono”.

Crespo considera además “muy extraño” que la policía no haya interrogado aún a Lucas, la persona, según él, que sí le advirtió de que sus comunicaciones estaban intervenidas. El empresario anuncia que explicará ante la juez si dio donativos opacos al PP, como aparece en una contabilidad b de sus empresas incautada por la policía. Insiste en que no se considera un corrupto, que está “en paz y tranquilidad” y que todos los cursos subvencionados fueron impartidos.

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