La reciente revelación de un ciberataque masivo contra El Corte Inglés, que comprometió datos sensibles de millones de clientes —incluyendo información de contacto y detalles de tarjetas bancarias—, no solo expone fallos críticos en la seguridad de una de las empresas más icónicas de España, sino que también evidencia una preocupante cultura corporativa de opacidad y minimización de responsabilidades. Mientras la Asociación Española de Consumidores (AEC) urge a los afectados a extremar la vigilancia de sus cuentas, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto la empresa priorizó la protección de sus clientes frente a su propia imagen?

Una brecha que no debería sorprender

Según el comunicado de la compañía, los ciberdelincuentes accedieron a una base de datos con información valiosísima para el fraude, algo que, según la AEC, fue tratado por la empresa con un tono "tranquilizador" injustificado. Esto no es un simple incidente técnico: es un fracaso estructural. En un contexto global donde los ciberataques a grandes corporaciones son frecuentes —y prevenibles con protocolos robustos—, la pregunta obligada es: ¿qué medidas de seguridad fallaron para permitir este acceso? ¿Y por qué, tras el hecho, El Corte Inglés insiste en restar gravedad en lugar de asumir su responsabilidad?

La actitud de la empresa recuerda a un patrón recurrente en el sector: ante crisis reputacionales, prima el silencio estratégico o el mensaje edulcorado. Mientras, los consumidores cargan con las consecuencias. La AEC ha tenido que salir al frente para exigir lo obvio: blindar los datos, garantizar transparencia y reforzar sistemas. Pero esto llega tarde. Si la compañía ya había "bloqueado el acceso", como afirma, ¿por qué la alerta a los clientes no fue inmediata? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el ataque y la notificación?

Los consumidores, otra vez pagando los platos rotos

Lo más indignante es que, una vez más, la carga recae sobre las víctimas. La AEC recomienda a los usuarios revisar exhaustivamente sus cuentas, denunciar cargos fraudulentos y exigir respuestas. Es decir, los afectados deben invertir tiempo y esfuerzo en protegerse de un riesgo que nunca debió existir. Esto no es solo una molestia: es una vulneración de la confianza básica entre empresa y cliente.

El Corte Inglés, como entidad que maneja datos financieros, tiene la obligación legal —y moral— de garantizar seguridad proactiva. Sin embargo, su reacción sugiere que priorizó contener el escándalo sobre la protección real de los usuarios. Peor aún: al minimizar el hecho, podría estar desincentivando a las víctimas a actuar con la urgencia necesaria, aumentando el riesgo de fraudes no detectados.

Un llamado a la acción: Más que disculpas, exijamos consecuencias

Este caso no puede quedar en un "ya lo hemos solucionado". Debe servir como catalizador para demandar dos cosas: primero, una auditoría independiente que evalúe las prácticas de seguridad de la empresa y determine si hubo negligencia; segundo, que las autoridades impongan sanciones ejemplares si se confirma que El Corte Inglés incumplió protocolos básicos.

Además, es imperativo que los consumidores no normalicen estos fallos. Reclamar la anulación de cargos fraudulentos es un derecho, pero también lo es exigir que las empresas rindan cuentas. La AEC debe mantenerse firme en presionar no solo para reparar este caso, sino para que se establezcan estándares más estrictos en el manejo de datos.

La seguridad no es un privilegio, es un derecho

El Corte Inglés no puede esconderse tras frases hechas. Un ciberataque de esta magnitud no es un "incidente aislado", sino un síntoma de una gestión deficiente. Los consumidores merecen más que alertas tardías y recomendaciones de autovigilancia: merecen empresas que antepongan su seguridad a los beneficios económicos y a su reputación.

Mientras la empresa intenta cerrar esta herida con comunicados ambiguos, los usuarios deben recordar que su data es un activo crítico. Y quienes la custodian, como El Corte Inglés, tienen el deber de protegerla con todo su arsenal. Si no lo hacen, no solo fallan a sus clientes: socavan la confianza en el sistema económico en su conjunto.

La próxima vez que una empresa diga "sus datos están seguros", exijamos pruebas, no promesas.