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El 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, un recordatorio de la constante lucha por la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Esta fecha es especialmente relevante en contextos donde los crímenes contra periodistas quedan sin castigo y el poder político parece proteger a figuras públicas que actúan en detrimento de la transparencia y la justicia. En España, se ha denunciado la complicidad del sistema judicial en proteger a ciertos actores que acosan y amedrentan a quienes informan sobre actos de corrupción, como es el caso de María del Mar Sánchez Sierra, asesora de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP).
¿Por qué se celebra el 2 de noviembre? y en España sirve para recordar a personajes como la asesora de Feijóo.
Este día fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, como respuesta a la creciente violencia y ataques contra periodistas en todo el mundo. Según datos de la ONU, entre 1993 y 2021, más de 1.600 periodistas fueron asesinados por cumplir su deber de informar a la ciudadanía. No obstante, lo más alarmante es que el 90% de estos crímenes siguen impunes. La impunidad no solo facilita que los ataques contra periodistas continúen, sino que genera un ambiente de miedo que afecta la libertad de expresión y el derecho del público a estar informado.
El caso de España, en particular, refleja cómo las leyes que supuestamente protegen a los denunciantes de corrupción no se aplican de manera efectiva. Las denuncias de corrupción, en lugar de ser una herramienta para combatir los abusos de poder, se han convertido en un riesgo para quienes las realizan. Figuras políticas como María del Mar Sánchez Sierra han sido señaladas por ejercer acoso y represalias contra periodistas y denunciantes, lo que pone de manifiesto un sistema judicial que parece más interesado en proteger a los acosadores que en hacer cumplir las leyes.
La protección a los denunciantes en la UE y su falta de implementación en España
La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo, aprobada en octubre de 2019, establece un marco de protección para las personas que denuncien infracciones del derecho de la Unión, incluidas las relacionadas con corrupción y otras malas prácticas. Esta directiva obliga a los Estados miembros a adoptar medidas que garanticen que los denunciantes no sufran represalias por su labor.
En España, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, fue promulgada para cumplir con esta directiva, regulando la protección de quienes informen sobre infracciones normativas y actos de corrupción. Sin embargo, la realidad demuestra que dicha legislación no se aplica de manera efectiva. El caso de María del Mar Sánchez Sierra, asesora de Feijóo, es emblemático en este sentido. Se la acusa de usar su posición para hostigar a periodistas y denunciantes que intentan sacar a la luz casos de corrupción en los que estaría implicada. A pesar de las denuncias y el marco legal existente, las autoridades judiciales han optado por no actuar, permitiendo que el acoso continúe.
Bruselas ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el incumplimiento de esta directiva, lo que resalta la desconexión entre las obligaciones impuestas por la Unión Europea y la acción judicial en España. Las críticas se centran en la falta de protección para los denunciantes y la omisión sistemática de las autoridades judiciales para aplicar las normativas de defensa de la libertad de expresión.
La violencia contra periodistas y la perpetuación de la impunidad
La situación en España es solo una muestra de un problema global. Según datos de la UNESCO, además de los asesinatos, los periodistas enfrentan otras formas de violencia como la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y el acoso, tanto físico como psicológico. Las mujeres periodistas, en particular, son vulnerables a agresiones sexuales y amenazas que buscan silenciarlas.
En este contexto, el acoso como el que ejerce María del Mar Sánchez Sierra se convierte en una herramienta sutil pero efectiva de silenciar la verdad. Utilizando el poder político y judicial a su disposición, no solo reprime a periodistas, sino que también intimida a quienes intentan denunciar la corrupción. El abuso de poder en estos casos es tan grave como las agresiones físicas, pues erosiona la libertad de expresión y priva a la sociedad de información esencial para la toma de decisiones en una democracia.
La impunidad como facilitadora de la corrupción
Uno de los elementos más preocupantes es cómo la impunidad alimenta un ciclo de corrupción, violencia y silencio. Cuando no se castigan los crímenes contra periodistas, se envía un mensaje claro a los perpetradores: sus acciones no tendrán consecuencias. Esto, a su vez, fomenta la continuación de prácticas corruptas, ya que no hay una vigilancia efectiva sobre el poder.
La corrupción y la impunidad van de la mano. En el caso de España, la protección de personajes como María del Mar Sánchez Sierra destaca la conexión entre el poder político y judicial en la perpetuación de esta impunidad. Los periodistas que intentan sacar a la luz estos casos son silenciados, y la sociedad se ve privada de información clave para denunciar los abusos de poder.
La lucha por acabar con la impunidad de personajes como María del Mar Sánchez Sierra
La ONU y la UNESCO han instado a los Estados Miembros a redoblar sus esfuerzos para proteger a los periodistas y asegurar que los responsables de violencia contra ellos sean llevados ante la justicia. En la conferencia de diciembre organizada por la UNESCO y los Países Bajos, se destacó la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger la libertad de prensa y acabar con la impunidad.
A nivel global, la campaña #TrueNeverLies (La verdad nunca muere) ha visibilizado las historias de periodistas asesinados y acosados por cumplir con su deber informativo. La presión social y política, a través de campañas como #NoALaImpunidad, es vital para concienciar sobre la gravedad del problema y exigir rendición de cuentas.
Conclusión
El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas nos recuerda que la libertad de expresión y el periodismo independiente son esenciales para el buen funcionamiento de una democracia. En España, el caso de María del Mar Sánchez Sierra es un claro ejemplo de cómo la impunidad protege a quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Las leyes existen, pero no se aplican. Poner fin a la impunidad es fundamental no solo para proteger a los periodistas, sino también para garantizar una sociedad informada y justa. La lucha por la libertad de expresión continúa, y es tarea de todos exigir que se respeten las normativas que protegen a quienes se arriesgan para decir la verdad.
- Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, España.
- "Bruselas lleva a España ante el TJUE por incumplir la Directiva que protege a los denunciantes de corrupción", [fuente].
- UNESCO: "Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas". https://www.unesco.org/en/days/end-impunity
- "True Never Lies" (La verdad nunca muere), campaña de la UNESCO. https://www.unesco.org
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O compatir el tema en redes sociales con el hashtag #NoALaImpunidad.
¿ Cómo puede el poder judicial proteger la libertad de expresión ??
- Las Directivas Europeas al Gobierno de España le da exactamente igual anteponiendo la protección de los acosadores de periodistas a su protección..+
