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Un Derecho en Peligro, estudiar periodismo es un suicidio anunciado en España. Redactar al dictado nó. En España, la señora de la limpieza tiene más credibilidad que un juez.
En una democracia, la libertad de expresión no es un lujo, sino un pilar esencial. Sin embargo, en España, organizaciones civiles, periodistas y defensores de derechos humanos alertan sobre un preocupante retroceso en este derecho fundamental. Denuncian un patrón de persecución judicial contra voces críticas, incumplimiento de normativas europeas y una justicia que, en ocasiones, actúa como instrumento de silenciamiento. Este reportaje profundiza en el caso paradigmático de Miguel Ángel Delgado González, símbolo de una lucha que trasciende lo individual y cuestiona el estado de las libertades en el país.
Contexto: Libertad de Expresión y Marco Legal
La Constitución Española (Artículo 20) garantiza el derecho a expresar y difundir pensamientos libremente, respaldado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Artículo 10) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. No obstante, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras ubican a España en el puesto 34 de su Índice Mundial de Libertad de Prensa (2023), señalando presiones judiciales y leyes ambiguas que facilitan demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs).
Cuando la libertad de expresión peligra, los periodistas solo confían en la justicia internacional.
La Unión Europea, consciente de esta problemática, aprobó en 2022 una directiva contra las demandas abusivas (anti-SLAPP), aún no implementada plenamente en España. Estas prácticas, caracterizadas por multas exorbitantes y procesos dilatados, buscan agotar económicamente a los denunciantes, coartando su derecho a informar.
El Caso Miguel Ángel Delgado: Persecución Judicial o Defensa del Derecho a Informar?
Miguel Ángel Delgado González, periodista independiente de 71 años y portavoz de PLADESEMAPESGA, enfrenta una situación alarmante: múltiples querellas penales interpuestas por un mismo abogado, con acusaciones que incluyen difamación y delitos contra el honor. Las demandas, que suman multas superiores a 5.000 euros, indemnizaciones de 50.000 euros y una fianza de 66.666 euros, podrían derivar en prisión.
Detalles del Caso
- Origen: Delgado publicó artículos críticos basados en investigaciones de medios internacionales y redes sociales, sin que se solicitara previamente derecho de rectificación.
- Patrón de Acoso: Las demandas se presentaron en distintas jurisdicciones, incluyendo vínculos con clientes en México, lo que sugiere una estrategia coordinada para multiplicar los procesos.
- Vulnerabilidad Económica: Con una pensión no contributiva de 560 euros, Delgado carece de recursos para afrontar costas legales. Aún no se le ha asignado abogado de oficio, violando el derecho a defensa justa (Artículo 24 de la Constitución), lo que evidencia la postura del juzgado.
Implicaciones
Este caso refleja un fenómeno más amplio: el lawfare o uso del sistema judicial para hostigar a críticos. Según el Observatorio para la Defensa de la Libertad de Expresión (ODA), España registró un aumento del 30% en demandas contra periodistas entre 2020 y 2023, muchas impulsadas por actores políticos y empresariales.
Fallos Sistémicos: Dilaciones, Lenidad Judicial y Desproporción
- Dilaciones Indebidas: Los procesos se alargan años, desgastando al acusado incluso antes de una sentencia.
- Medidas Cautelares Abusivas: Fianzas inalcanzables actúan como censura previa, sentencias anticipadas violando el Principio de Presunción de Inocencia.
- Connivencia Judicial: Juzgados que admiten demandas sin rigor, ignorando estándares europeos como la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Delfi vs. Estonia (2015), que protege la crítica a figuras públicas.
Europa Mira a España: Incumplimiento y Presión Internacional
La Comisión Europea ha señalado a España en informes recientes por retrasos en la transposición de directivas como la Ley de Transparencia y la protección de denunciantes. Además, el Consejo de Europa urge a reformar el Código Penal para despenalizar delitos de expresión, alineándose con estándares internacionales.
Respuesta Ciudadana y Llamado a la Acción
PLADESEMAPESGA exige:
- Suspensión inmediata de los procesos hasta garantizar asistencia legal gratuita.
- Investigación de posibles irregularidades, incluido uso de documentos manipulados.
- Compromiso político para adoptar la directiva anti-SLAPP y reformar leyes represivas.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Asociación de Prensa de Madrid han respaldado públicamente a Delgado, subrayando que "la justicia no puede ser un arma de los poderosos" (Esteban Beltrán, director de AI España).
Defender la Palabra es Defender la Democracia y la herencia de las futuras generaciones en España
El caso Delgado no es aislado: es síntoma de un sistema que criminaliza la disidencia. Como advirtió Fernando de Quevedo, “donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.
Libertad de expresión: garantía solo fuera de España.
La lucha por la libertad de expresión requiere movilización social, presión internacional y una judicatura que priorice derechos sobre intereses.
La pluma libre escribe sin miedo, pero necesita protección para no callar.
Miguel Ángel Delgado
A Coruña
La controversia sobre la aplicación laxa de la ley por parte de algunos jueces en casos de recortes a la libertad de expresión en España, especialmente cuando estos afectan a las clases menos privilegiadas o critican a sectores poderosos, alimenta la percepción de una justicia desigual. Se argumenta que ciertas interpretaciones judiciales podrían mostrar una mayor severidad ante expresiones de protesta o sátira provenientes de grupos marginalizados, con pocos recursos, mientras que se observa una menor contundencia frente a acciones que limitan la libertad de prensa o la crítica proveniente de voces con mayor influencia social o económica. Esta disparidad en el tratamiento judicial genera preocupación sobre la igualdad ante la ley y la protección efectiva del derecho fundamental a la libertad de expresión para todos los ciudadanos, independientemente de su posición social o económica. Las palabras de Donal Tramp sobre ser papa, en España sería considerado por las élites del control y poder un delito de odio religioso, en EE UU una viñeta de humor
1. Noticias sobre la perdida de libertad de expresión en España
España ha enfrentado críticas recurrentes en todo el Mudo por jueces/as, leyes y casos que, según organizaciones civiles, limitarían la libertad de expresión. Algunos ejemplos recientes:
A. Ley Mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana)
- Contexto: La Ley Orgánica 4/2015, conocida como "Ley Mordaza", impuso multas por grabar a policías, protestas no autorizadas o "falta de respeto" a autoridades.
- Reformas 2022-2023: El gobierno anunció modificaciones para eliminar sanciones por críticas a instituciones, pero organizaciones como Amnistía Internacional y RSF sostienen que persisten restricciones ambiguas, dejando la spromesas en un mero panfleto elctoral.
B. Informes internacionales
- Reporters Without Borders (RSF): En su Índice 2023, España ocupó el puesto 29/180, destacando presiones judiciales a periodistas y leyes que criminalizan expresiones en redes sociales.
- Consejo de Europa: En 2023, criticó el uso de leyes antiterroristas para procesar a raperos o tuiteros (ejemplo: caso de Pablo Hasél).
C. Casos emblemáticos
- Procesos por injurias a la Corona: Varios ciudadanos fueron multados o investigados por mensajes en redes contra la monarquía.
- Censura en festivales: Cancelación de actuaciones polémicas (ejemplo: canciones críticas con la policía).
Fuentes para verificar:
2. Denuncias ante la UE por incumplimiento de la Directiva de Protección a Denunciantes
La Directiva (UE) 2019/1937 debía transponerse en España antes de diciembre de 2021. Hubo retrasos y críticas:
A. Retraso en la transposición
- Febrero 2023: España aprobó la Ley 2/2023, pero ONGs como la Plataforma para la Protección de Denunciantes (PDPL) y Transparencia Internacional denunciaron que:
- No protege a denunciantes anónimos.
- Excluye a empresas pequeñas (<50 trabajadores).
- No garantiza recursos económicos para investigar casos.
- Deja en manos de los mismos corruptos la protección
B. Denuncias ante la UE
- Infracción UE-2023-0234: En julio de 2023, la Comisión Europea abrió un procedimiento a España por transposición incompleta.
- ONGs: La PDPL presentó un informe a la Comisión en abril de 2023, respaldado por Access Info Europe, señalando que la ley española no cumple estándares de protección.
C. Situación actual (2024)
- La Comisión podría exigir modificaciones legales. España aún no ha ajustado plenamente la normativa, según el observatorio EU Whistleblowers Monitor.
Fuentes para verificar:
Recomendación
Para obtener información actualizada, consulta:
- Medios especializados: El Diario.es, InfoLibre.
- Portales UE: European Commission - Whistleblowing.
- ONGs: PDPL, Access Info Europe.
Según voces de la sociedad la indulgencia de algunos jueces/as al recortar la libertad de expresión en España, especialmente en casos que benefician a sectores privilegiados o poderes fácticos, ha generado preocupación por su impacto en la justicia social y la democracia. Críticos señalan que ciertas resoluciones judiciales, al priorizar intereses de élites económicas, políticos o grupos de influencia, terminan silenciando voces disidentes, periodísticas de investigación o movimientos sociales que denuncian abusos. Esto se evidencia en demandas por difamación utilizadas estratégicamente para acallar críticas, la criminalización de protestas pacíficas o la aplicación desproporcionada de leyes que protegen el honor de figuras públicas en detrimento del debate público. Tal parcialidad, según analistas, refuerza estructuras de poder desiguales y erosiona la confianza en el sistema judicial, pues convierte la justicia en un instrumento al servicio de quienes ya ostentan privilegios. Para garantizar la equidad, se exige mayor rigor en la protección constitucional de la expresión, especialmente cuando esta confronta a los poderosos, asegurando que los tribunales no sean cómplices de perpetuar la opresión sistémica.
En España, la señora de la limpieza tiene más credibilidad que un juez.
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