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Xornal Galicia prepara un amplio reportaje sobre la declaración de Pablo Crespo, Palmou, los perfiles falsos y la web del PPdeG expropiedad hasta el 2017 de una empresa privada.

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03 Febrero 2019 718 votos
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lucianoprado webppdegaliciaEl Presidente de Pladesemapesga y Director de Xornal Galicia participó como "querellado" en el juicio celebrado en el Juzgado penal 3 de A Coruña en una querella criminal presentada por el letrado Luciano Prado del Río, hermano de Paula Prado portavoz del PPdeG en nombre de su cliente, que quedó vista para sentencia, en la que se han tratado y testificado informaciones de interés público para la política de Galicia, y las presuntas irregularidades de la imagen pública del Partido Popular de Galicia liderado por Feijóo.

En el escrito de calificación jurídica del letrado Luciano Prado del Río acusa a Miguel Delgado de XENÓFOBO en sala judicial pública tal y como consta literalmente:

II. CIRCUSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD  (PÁGINA 7 DEL ESCRITO DE CALIFICACIÓN )

Concurren en los delitos reseñados, además de la comisión CONTINUADA de los ilícitos, la agravante del art. 22 del Código Penal, puesto que las manifestaciones se realizan en virtud de la supuesta ideología política del Sr xxxxxxxxxxxx.  ( Datos de la viñeta fotográfica publicados en  http://lucianopradoabogados.com/ y www.ppdegalicia.com )

Dice el art. 22 del Código Penal en su literalidad:

 Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

Estas declaraciones del escrito de calificación judicial del abogado Luciano Pardo del Río no fueron ratificadas ni asumidas por su cliente en su declaración y ratificación final del juicio verbal del Juzgado Penal 3 Celebrado el 29 de Enero de 2019, de la querella criminal y calificación jurídica que ha interpuesto contra la asociación www.PLADESEMAPESGA.com y también contra Miguel Delgado, personalmente, que será contestada en su momento, pero el mismo abogado colegiado sr Luciano Prado del Río, y en su condición de abogado, hace alusiones intolerables hacia el Presidente de Pladesemapesga y Director de Xorna Galicia en las que le acusa de XENÓFOBO en sala judicial pública.

La deontología no es taxativa, sino que se basa en universales principios morales.  Debe condenarse moralmente que se abuse de la condición de abogado a través de querellas criminales de sus clientes con petición de varios años de carcel,  para calumniar e injuriar con obvio ánimo de lucro a costa de quien denunció muy verazmente hechos documentados con rigor y plena legitimación judicial y de no hacerlo así el ICAM, se posicionaría ante una confrontación evidente con sus principios de la deontologia.

El abogado no esta autorizado a mentir, falsear los hechos o presentar pruebas falsas, ya que ello es un atentado contra las reglas de la buena fe procesal que deben regir su labor. Concretamente, el artículo 36.1 del Código Deontológico de la Abogacía Española establece que el abogado está obligado a actuar con los órganos jurisdiccionales con probidad, lealtad y veracidad. Asimismo, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe.

En los casos de especial gravedad estas actuaciones también pueden enfrentarse con diversos artículos del Código Penal (y Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Artículo 250, 7ª. Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones). Los posibles delitos en los que puede incurrir el abogado que engañe intencionadamente en el marco de un proceso judicial son la estafa procesal, el delito de falso testimonio o el de falsedad documental dependiendo del momento en el que se produzca la mentira.
Es indispensable para su comisión que exista una voluntad manifiesta por parte del profesional; es decir, que este tenga el firme propósito de engañar al juez para perjudicar a la contraparte.

Los abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos, como regula el artículo 80 del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE):

La sanción de estas conductas corresponde al Colegio de Abogados en el que esté inscrito el letrado.

Aunque el Colegio puede investigar este tipo de actuaciones de oficio, suele conocerlas a través de una denuncia previa que puede provenir del tercero perjudicado, los órganos judiciales o cualquier ciudadano.

Referencias; http://www.infocif.es/ficha-empresa/bufete-luciano-prado-slp

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