El Consello Galego de Colexios Médicos cree que esta fórmula anunciada para autorizar el proceso de parto en Verín, con motivo de su inminente reapertura, es inadmisible desde el punto de vista ético y asistencial.
El Consello Galego de Colexios Médicos cree que esta fórmula anunciada para autorizar el proceso de parto en Verín, con motivo de su inminente reapertura, es inadmisible desde el punto de vista ético y asistencial.
El consentimiento informado (CI) es una herramienta ya consolidada en nuestro sistema sanitario para que los pacientes, tras recibir una información comprensible y suficiente -basada en el conocimiento científico y en los standares de calidad asistencial aceptados para el procedimiento en cuestión- decidan autónomamente si se someten o no a una intervención quirúrgica, a un tratamiento médico o a una prueba diagnóstica. Es por tanto una garantía de autonomía del enfermo en la toma de decisiones médicas. No puede ser, en ningún caso, una delegación de responsabilidades de la Administración Sanitaria, provisora del servicio, hacia los pacientes.
Y esta inédita variante de consentimiento informado reforzado que se nos anuncia, retuerce el objetivo para el que ha sido creado el CI, trasladando a las madres que vayan a parir en Verín la decisión de hacerlo allí -y por tanto de las consecuencias que de ello puedan derivarse-, en unas condiciones que han sido cuestionadas por informes técnicos profesionales.
Este Consello Galego entiende que si el SERGAS asume la reapertura del paritorio del Hospital de Verín, debe hacerlo desde el convencimiento de ofrecer a las madres y neonatos las mismas condiciones de seguridad y calidad asistencial que en el resto de paritorios de Galicia.
Si no está seguro de ello, no debe escudarse en "refuerzos" delegados en las familias y los médicos. Suya y solo suya es la responsabilidad de la reapertura. Sin reservas anticipadas ni consentimientos informados "reforzados".
El Gobierno de España cedió las competencias de la Ley de publicidad Institucional a Galicia en el año 2009, cuyo gobierno del PPdeG se niega a decretar y legislar para que la asesora del PPdeG pueda despilfarrar y ultrajar los dineros públicos y europeos bajo lo que ellos mismos consideran IMPUNIDAD, violando la Ley de publicidad y de Transparencia. Ese vacío legal ordena la prevalencia de la contratación pública "vulnerada diarimante a través de intermediarios o Agencias de Comunciación para adjudicar contratos menores directamente a dedo, sin dar la cara la Secretaría de Medios que dirige la asesora del PPdeG Mar Sánchez Sierra".
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