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O Sergas é condenado a pagar 86.366 euros por tardar case catro horas en atender no hospital de Ourense a un doente cun cadro grave

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Sergas | 10 Mayo 2021 | 1943 votos - Registrese para votar
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Feijóo utiliza a su prima Eloina Núñez para despedir del Sergas al personal  infectado como premio a su labor y de postre les pide dinero para luchar  contra el coronavirus. - Xornal

O Xulgado do Contencioso-administrativo número 2 de Ourense condenou ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) a abonar 86.366 euros á filla dun doente cun cadro grave ao que tardaron en atender en urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) case catro horas, un atraso que o maxistrado considera “inxustificable”.

Una sanidad enferma de amiguismo

O home faleceu tres días despois de acudir ao centro hospitalario. Para o maxistrado, neste caso produciuse “un flagrante incumprimento da lex artis e dos protocolos establecidos, que requirían unha atención médica nun prazo inferior a 60 minutos”. Ademais, considera que “non hai medio algún de proba que permita xustificar o atraso na atención ao paciente”.

 ELOINANUNEZ

O home, segundo consta na sentenza, chegou ao hospital sobre as 12 horas do 3 de xaneiro de 2018 e, tras a triaxe obrigatoria, o resultado foi de cor amarela, o que significaba que o cadro era grave e que debía ser atendido en menos dunha hora. Con todo, non o foi ata despois de case catro horas desde a chegada a urxencias. O xuíz entende que ese atraso causou “que se agravase a súa situación e se elevase a súa tensión arterial, sen que se fixese nada para tratala, o que provocou un empeoramento e unha lesión directa sobre as arterias cerebrais”.

O maxistrado considera acreditado que se produciu “unha infracción clara, patente e inxustificada da lex artis”, á vez que salienta que, a pesar de que o doente “presentaba diversos síntomas, tanto ao chegar ao hospital como, especialmente, durante a súa espera, compatibles cun problema neurolóxico (caíaselle un ollo, tensión arterial en aumento, visión dobre…)”, tivo que ver “como a súa situación se ía agravando sen que, cando menos, se lle controlase a súa tensión arterial e se tratase de baixar a mesma”.

“Descoñezo, e creo que ninguén poderá sabelo con certeza, se o resultado fose o mesmo de prestarse atención médica no prazo marcado, pero o que é incuestionable é que, se se respectasen os protocolos, seguramente se puidese dar unha mellor e máis rápida resposta”, destaca o xuíz. Ademais, indica que “superado o prazo máximo no que debía ser visto por un médico, non consta que se fixese ningún control do estado do doente, e iso a pesar das reiteradas queixas e advertencias da familia ao persoal do hospital”. Os acompañantes do enfermo tivéronlle que ir buscar unha cadeira de rodas, pois vía dobre e caíaselle un ollo e, segundo consta no fallo, “advertiron ao persoal de urxencias reiteradamente, mesmo dixeron que podía sufrir un ictus, recibindo unicamente por resposta que non podían facer nada”.

O maxistrado tamén destaca que “agrava o atraso” o feito de que o paciente non acudise a urxencias polo seu propio pé ante unhas molestias puntuais, senón que foi derivado polo Punto de Atención Continuada do Carballiño. “En realidade, o tempo de espera foi maior, xa que se debe presumir que desa derivación se advirte ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a fin de que fose tomando as medidas correspondentes”, sinala.

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El Sergas es condenado a pagar 86.366 euros por tardar casi cuatro horas en atender en el hospital de Ourense a un paciente con un cuadro grave

10/05/2021.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Ourense ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a abonar 86.366 euros a la hija de un paciente con un cuadro grave al que tardaron en atender en urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) casi cuatro horas, un retraso que el magistrado considera “injustificable”. El hombre falleció tres días después de acudir al centro hospitalario. Para el magistrado, en este caso se produjo “un flagrante incumplimiento de la lex artis y de los protocolos establecidos, que requerían una atención médica en un plazo inferior a 60 minutos”. Además, considera que “no hay medio alguno de prueba que permita justificar el retraso en la atención al paciente”.

El hombre, según consta en la sentencia, llegó al hospital sobre las 12 horas del 3 de enero de 2018 y, tras el triaje obligatorio, el resultado fue de color amarillo, lo que significaba que el cuadro era grave y que debía ser atendido en menos de una hora. Sin embargo, no lo fue hasta después de casi cuatro horas desde la llegada a urgencias. El juez entiende que ese retraso causó “que se fuese agravando su situación y elevándose su tensión arterial, sin que se hiciese nada para tratarla, lo que provocó un empeoramiento y una lesión directa sobre las arterias cerebrales”.

El magistrado considera acreditado que se produjo “una infracción clara, patente e injustificada de la lex artis”, al tiempo que subraya que, a pesar de que el enfermo “presentaba diversos síntomas, tanto al llegar al hospital como, especialmente, durante su espera, compatibles con un problema neurológico (se le caía un ojo, tensión arterial en aumento, visión doble…)”, tuvo que ver “cómo su situación se iba agravando sin que, cuando menos, se le controlara su tensión arterial y se tratara de bajar la misma”.

“Desconozco, y creo que nadie podrá saberlo con certeza, si el resultado hubiese sido el mismo de haberse prestado atención médica en el plazo marcado, pero lo que es incuestionable es que, si se hubiesen respetado los protocolos, seguramente se hubiese podido dar una mejor y más rápida respuesta”, destaca el juez. Además, indica que “superado el plazo máximo en el que debía ser visto por un médico, no consta que se hiciese ningún control del estado del paciente, y ello pese a las reiteradas quejas y advertencias de la familia al personal del hospital”. Los acompañantes del enfermo tuvieron que ir a buscarle una silla de ruedas, pues veía doble y se le caía un ojo y, según consta en el fallo, “advirtieron al personal de urgencias reiteradamente, incluso dijeron que podía sufrir un ictus, recibiendo únicamente por respuesta que no podían hacer nada”.

El magistrado también destaca que “agrava el retraso” el hecho de que el paciente no acudiese a urgencias por su propio pie ante unas molestias puntuales, sino que fue derivado por el Punto de Atención Continuada de O Carballiño. “En realidad, el tiempo de espera fue mayor, ya que debe presumirse que de esa derivación se advierte al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, a fin de que vaya tomando las medidas correspondientes”, señala.

En las últimas cinco convocatorias para cubrir jefaturas de servicio en el Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) se ha producido una curiosa casualidad: solo se ha presentado un candidato para cada plaza. Esta circunstancia se ha repetido en otras provincias gallegas, como Ourense, donde se creó la plaza de jefe de Sección de Urgencias –única en su especie, pues no existe otra igual en ningún hospital gallego–, y solo se presentó el marido de la gerente sanitaria de la provincia, que es Eloína Núñez, prima del presidente de la Xunta de Galicia.

Parece que los profesionales de la sanidad en Galicia se abstienen de participar en procesos de méritos, después de ver cómo han quedado las carreras de ciertos colegas que han tenido que recurrir a la justicia para reclamar independencia y objetividad a los comités evaluadores, nombrados por los gerentes hospitalarios.

Los juzgados gallegos llevan toda la legislatura recibiendo reclamaciones de médicos aspirantes a una jefatura que perdieron frente a candidatos menos cualificados y adeptos a los gerentes de sus hospitales.

El doctor Evaristo Varo, jefe de la Unidad de Trasplante Abdominal del Complejo Hospitalario

Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y profesor titular de Cirugía y Trasplantes de la Universidad de Santiago, es contundente al respecto: “Ahora ya solo se presentan a los concursos los elegidos previamente. Se ha eliminado la sana competencia en los procesos selectivos del Sergas [Servicio Gallego de Salud]. Los profesionales no quieren arriesgarse a una derrota injusta y a posibles represalias.

De esta manera, no ganan los mejor preparados, sino los elegidos por el Gobierno gallego para dirigir esas jefaturas. Y eso lo paga el ciudadano, que no recibe la sanidad de calidad que merece”.

El propio Varo sabe lo que es perder frente a un alumno suyo la jefatura del Servicio de Cirugía General y Digestiva del CHUS. Su contrincante era Francisco Bustamante, marido de la consejera de Sanidad de la Xunta, Rocío Mosquera.

#NachoVidal "y su esquema piramidal de colaboradores"..+  CAPÍTULO 1 DE 7..+  -  CAPITULO 2 de 7..+  -  CAPITULO 3 de 7..+  CAPITULO 4 de 7..+  CAPITULO 5 de 7..+  CAPITULO 6 de 7..+  Capítulo 7 de 7...+   - ESPECIAL LUGURIA Y VICIO A COSTA DE LA SALUD Y DEL SERGAS. ..+   - EL SUEÑO ESPAÑOL DE #NACHO VIDAL...+   - La recompensa del #sueñoespañol a #NachoVidal del #sergas y #SegurançaSocial....+ - #NachoVidal "y su esquema piramidal de colaboradores"..+ Colabora y asesora Millán Calenti como vocal en las mesas de contratación del Sergas, etc..

EL MARIDO GANA

En 2010, se convocó la plaza y se presentaron tres aspirantes, Bustamante,

Varo y el doctor Miguel Caínzos, jefe de sección del mencionado servicio. Ganó Bustamente,

pese a que objetivamente los méritos que le llevaron a la victoria eran menores que los de los otros aspirantes. Caínzos denunció, y en enero de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) anuló el nombramiento del marido de la consejera dictaminando que se había producido “desvío de poder” en el tribunal evaluador de los méritos.

La Xunta repitió el proceso; y esta vez el pulso fue entre Bustamante y Varo. Y volvió a ganar el cónyuge de Mosquera.

El cirujano cordobés Evaristo Varo, de 59 años, ha recurrido la elección del que fue su alumno,

Francisco Bustamante, para dirigir el departamento. Pero ha hecho  algo más determinante: ha creado una asociación, Batas Blancas, para que sirva de altavoz a los médicos “maltratados” por la Administración sanitaria. Lo ha hecho con otros “represaliados”. “Ya somos cuarenta los médicos y personal sanitario que trabajamos activamente en la asociación –cuenta–, denunciando corrupción en los hospitales gallegos. Hay 800 compañeros que nos apoyan. Hemos presentado tres denuncias en la fiscalía, para que sea esta la que investigue las irregularidades que se cometen con el dinero público”.

DESTITUIDO POR DENUNCIAR

Varo es el vicepresidente de la asociación. El otro promotor de Batas Blancas, y además su presidente, es el doctor José María Borro, madrileño de 63 años, padre del trasplante pulmonar en España y hasta hace unos meses jefe de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC). De hecho, creó el Servicio en 1998. Borro fue destituido dos veces, ambas tras denunciar irregularidades en su servicio. Por ejemplo, el desvío de pacientes del Sergas a clínicas privadas para ser operados por los mismos médicos que los atendían en la sanidad pública (ver recuadro). También informó a sus superiores sobre la técnica que empleaban tres de sus subordinados –la cirugía torácica de una sola incisión–, sin su consentimiento y sin informar a los pacientes, según Borro.

En este asunto radica la caída en desgracia del cirujano. “Es una técnica sin evidencia científica, con riesgos, y sin una sola ventaja respecto a la que se viene realizando de dos incisiones”, alega Borro. Uno de esos tres médicos estuvo relacionado con la familia del senador popular José Manuel Barreiro.

Tras las denuncias, el cirujano madrileño fue destituido, en octubre de 2012. Recurrió a la justicia y ganó la batalla. El TSXG revocó su destitución y dictaminó que el cese no estaba motivado. Pero en noviembre de 2013 fue repuesto en la jefatura. Borro volvió a denunciar el desvío de pacientes de su departamento a clínicas privadas llevado a cabo supuestamente por los mismos médicos que habían puesto en marcha la nueva técnica quirúrgica. Y al poco volvió a perder el puesto. El cese, “por falta de confianza”, ha sido recurrido de nuevo. “Es vergonzoso que hayamos llegado a esto. La esencia de la sanidad pública se ha perdido: los méritos médicos y el interés del paciente ya no existen en Galicia”, sostiene José María Borro.

 

■ “No ganan los mejor preparados, sino los elegidos por el Gobierno gallego”, dice Varo

 

 

MÉDICOS Y POLÍTICOS

Hay más casos de ceses injustificados de jefes de servicio históricos del Sergas. Víctor Pedreira, creador del servicio de Psiquiatría del CHOP y su jefe entre 1982 y 2012, en un tormentoso proceso denunció por lo penal una posible prevaricación por el nombramiento del doctor Isauro Gómez Tato como jefe de Psiquiatría por tener este objetivamente menos méritos. El doctor Gómez Tato se ha limitado a decir a interviú que no puede comentar nada del proceso judicial abierto. Pedreira fue subdirector general de Salud Mental durante el Gobierno del tripartito. Y cree que haber ocupado ese cargo es el motivo del parón en su carrera. Por su parte, Gómez Tato, que siempre ha negado una amistad con el gerente del CHOP, José Manuel González, ocupó un puesto técnico de libre designación en la Consejería de Sanidad en el Gobierno de Fraga.

No es el único contencioso contra el gerente del CHOP. José Manuel González, que pertenece a la directiva provincial del PP de Pontevedra, fue denunciado en 2012 por el médico Enrique Vázquez Astray, por su cese como jefe del Servicio de Digestivo del CHOP. El gerente González está imputado en esa causa por un presunto delito contra la integridad moral. José Manuel González, quien ha declinado hacer declaraciones a esta revista, fue el último consejero de Sanidad del Gobierno de Fraga.  

CUANDO LAS CUENTAS NO SALEN

 EL SERGAS (Servicio Gallego de Salud) mantiene conciertos con empresas privadas para realizar sesiones de hemodiálisis, entre otros servicios. Esos conciertos suponen a las arcas públicas unos 30 millones de euros al año. Diversos colectivos médicos consideran innecesarios estos contratos, puesto que la infraestructura de la que disponen los hospitales gallegos garantiza la asistencia a los enfermos renales crónicos.

En Ourense y Vigo es la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo la que presta el servicio de hemodiálisis. Se trata de una fundación privada que se implantó en Galicia en la época de Fraga como presidente de la Xunta, siendo consejero de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, secretario general de Sanidad Alberto Núñez Feijóo, y director general de Asistencia Sanitaria

Enrique Castellón. Hoy este último es vicepresidente de la fundación, y Romay Beccaría, vocal a título personal.

El Tribunal de Cuentas gallego halló irregularidades en 2013 en los contratos de hemodiálisis. Entre otras cosas, advirtió de que la tarifa de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo en

Ourense –provincia que supone para la actividad de la entidad un 32 por ciento y donde el hospital público le cede sus locales– es un 20 por ciento más cara que la propia del Sergas. En Santiago de Compostela, el concierto de hemodiálisis lo mantiene el Policlínico La Rosaleda, uno de cuyos propietarios es la familia de Xerardo Fernández Albor, expresidente de la Xunta y presidente de honor del PP gallego.

ZIPI

Un exministro en la fundación

José Manuel Romay Beccaría, y exconsejero de Sanidad de Galicia, es vocal de la Fundación Renal Ínigo Álvarez de Toledo, que mantiene varios contratos con la Xunta.

EL NEGOCIO DE LOS QUIRÓFANOS

DENUNCIA EN LA FISCALÍA POR EL DESVÍO DE PACIENTES A LA PRIVADA

 

■ EN LA ÚLTIMA denuncia que ha efectuado la asociación médica Batas Blancas ante la Fiscalía Provincial de A Coruña se relata cómo presuntamente a doce pacientes del Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) se les derivó a centros privados, donde fueron intervenidos por los propios médicos del servicio que los atendían en el Servicio Gallego de Salud (Sergas).

Los centros a los que se derivó supuestamente a los pacientes fueron el Hospital IMQ San Rafael, el Policlínico Santa Teresa y el Hospital Modelo.

Según la denuncia, podría existir una trama organizada por algunos médicos adjuntos del servicio de Cirugía Torácica del CHUAC para derivar pacientes a las clínicas privadas donde ellos operan también.

Una operación de pulmón en la sanidad privada puede costar unos 18.000 euros. La presunta trama fue denunciada por primera vez en julio de 2011 y después en 2014 por el entonces jefe del servicio, el doctor José María Borro, destituido en dos ocasiones por denunciar, entre otras irregularidades, este caso.

 

 La Fiscalía de Santiago investiga cinco muertes debidas al retraso o denegación del nuevo fármaco contra la hepatitis C

 

FUNDACIONES OPACAS

No solo amiguismo es lo que denuncia la asociación de médicos Batas Blancas; también mala gestión del dinero público y los recortes que llevan a negar medicamentos a los enfermos. Esta semana la fiscalía de Santiago comienza a tomar declaraciones por la denuncia que interpuso la asociación por cinco muertes debidas al retraso o denegación del nuevo fármaco contra la hepatitis C. La entidad pide que se investigue a la Xunta en relación con la denegación de tratamientos, retraso y pérdida de expedientes de enfermos.

La Consejería de Sanidad no ha querido contestar a las preguntas de esta revista. Una de ellas estaba referida a la supuesta opacidad en las cuentas públicas de las tres fundaciones de investigación médica del Sergas. Estas fundaciones, bajo el protectorado de la consejería, deben remitir anualmente sus cuentas a ese departamento del

Gobierno gallego. “No se conocen ni las donaciones que reciben las fundaciones, ni el destino de los fondos, ni el personal contratado”, explica José María Borro, quien alerta de que “las fundaciones podrían ser un coladero de contrataciones a personas vinculadas al PP”.

SALVADOR SAS

Hermana

Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente de la Xunta de Galicia (en la imagen, felicitando a su hermano por el éxito electoral en 2009), es apoderada de la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, adjudicataria de numerosos contratos con la sanidad gallega.

LA HIJA Y EL AMIGO

Las tres fundaciones para la investigación sanitaria de la Xunta están dirigidas por personas vinculadas a los hospitales públicos, y en algunos casos son los propios gerentes de los centros los máximos responsables de las fundaciones. Por ejemplo, José Manuel González, que fue nombrado en mayo de 2009 gerente del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), cargo que conlleva también la presidencia de la Fundación para la Investigación IDI CHOP de ese hospital. Una de las contrataciones que realizó ha llegado a la fiscalía: se trata de Pedro García Puig, un conocido miembro del PP de Pontevedra, que fue presidente de Nuevas Generaciones de la provincia y compañero en el partido del gerente González. García Puig no ha querido hacer declaraciones. Fue contratado indefinidamente, en marzo de 2010, recién diplomado en Gestión y Administración Pública, supuestamente sin que mediara un concurso público.

También la hija del propio José Manuel González fue contratada en una fundación, siendo su padre

Consejero de Sanidad, en 2004. Licenciada en Psicología, la hija de González logró un contrato, supuestamente por designación directa, en la Fundación Juan Canalejo, hoy Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, donde continua prestando sus servicios. 

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