El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional española dejó el jueves de la semana pasada en libertad a Adrián Velásquez Figueroa vinculado a la seguridad del ex-presidente de Venezuela Hugo Chávez y a Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera personal de Chávez y esposa de Velásquez Figueroa.

Ambos fueron detenidos a petición del fiscal general de Venezuela Tarek William Saab que los reclama por un presunto delito de blanqueo de capitales, a raíz de que, según la investigación periodística de los papeles de Panamá, el nombre de Velásquez Figueroa apareciera vinculado a una empresa dada de alta en la República de las Seychelles por el bufete panameño Mossack Fonseca.

Según la página Web de la empresa MJ Box Tool que preside Adrián Velásquez Figueroa, este dejó su carrera militar en 2011 para dedicarse a la gestión de varias iniciativas empresariales que habría iniciado en el año 2003.

El juez dejó a ambos en libertad pendiente de tomar una decisión sobre la petición de extradición. La única medida cautelar que ha impuesto es la obligación para ambos de permanecer en Madrid, mientras dure el proceso según varias fuentes.

Manuel Varela, abogado de ambos, atribuyó la orden de detención cursada por de William Saab a la búsqueda de "chivos expiatorios para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo".

A su juicio, "no había ningún motivo" para mantenerlos privados de libertad al sostener que "las alegaciones provenían de un régimen criminal con una larga historia de abuso de los organismos de justicia internacional". El propio William Saab, fue recientemente nombrado fiscal por la nueva asamblea constituyente de Nicolás Maduro y no es reconocido por la asamblea nacional democráticamente elegida. Tarek William Saab figura en las listas de Estados Unidos y Canadá de altos funcionarios acusados de abusos contra los derechos humanos y corrupción cuyas cuentas han sido bloqueadas. William Saab publicó en un Tweet el pasado día 10 de abril en el que afirmaba que la pareja había sido detenida pero la policía española desmintió entonces dicha información.

El letrado Varela mostró su satisfacción con la decisión del juez Andreu, pues considera que ahora se podrá demostrar que ambos "son víctimas de un régimen corrupto que los está usando, tanto a ellos como a otros, para esconder su responsabilidad por la actual situación del pueblo venezolano" y podrá probar la inocencia de ambos ante un juzgado imparcial en España.