Centenares de ayuntamientos españoles conceden licencias sin tener en plantilla arquitectos municipales. Según una denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, al menos 1.500 consistorios de Cataluña, Madrid y Castilla la Mancha han contratado “arquitectos honorarios”, “arquitectos honoríficos” o “asesores urbanísticos” en lugar de sacar a concurso público la plaza de arquitecto municipal.
El incremento de la actividad constructiva en España justificó la aparición de esta figura, administrativamente irregular, como una posible y económica solución para organizar y frenar el caos que la construcción imponía a los pequeños municipios: licencias sin proyecto, actuaciones urbanísticas sin licencia, proyectos redactados por técnicos no competentes (...). Era un mal menor frente a la desventaja que suponía la otra opción, privar a los ayuntamientos de asesoramiento técnico cuando estos no disponían de fondos municipales suficientes para costear la contratación de técnicos en plantilla. El problema es que lo que se preveía como una solución temporal se ha convertido en una práctica habitual.
En varias de estas adjudicaciones fueron determinantes los informes del arquitecto honorífico de Ribadumia, que compatibiliza su función en el ayuntamiento con la de administrador único en dos sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria.
El contundente informe del Consello de Contas destaca que el Tribunal Supremo, ya en 1981, definió la figura del arquitecto honorífico como una "nada jurídica sin encaje en la regulación del personal al servicio de la Administración Local". En el apartado de contratación, la memoria subraya que el ayuntamiento no constituyó el preceptivo Registro Público de Contratos y que se pagaron facturas sin registro de entrada.
La mayoría de alcaldes vulnera la ley al contratar arquitectos externos
Contas denuncia que el 87% de los municipios carece de técnicos funcionarios
El 87% de los municipios de menos de 20.000 habitantes examinados por el Consello de Contas durante los últimos dos ejercicios vulneran la ley al externalizar la contratación de arquitectos o aparejadores para emitir sus informes urbanísticos. La advertencia la repiten los dictámenes del organismo auditor en párrafos calcados a una treintena de alcaldes de todos los colores políticos.
Entre los flagrantes incumplimientos que denuncian los informes de fiscalización del urbanismo, los ponentes citan los ayuntamientos de Portas y Ribadumia, ambos gobernados por el PP, como ejemplos de contrataciones exóticas. En ambos municipios, el responsable de emitir los dictámenes urbanísticos es un "arquitecto nombrado con carácter honorífico", categoría inexistente en la regulación del personal de las Administraciones Públicas, que además figura en el Registro Mercantil como administrador único de dos sociedades inmobiliarias con sede en Cambados y Meis. La coincidencia del objeto social de las empresas "no garantiza", según Contas, "la objetividad, imparcialidad e independencia en la elaboración de informes, ni la inexistencia de conflicto de intereses".
Lo público y lo privado se mezclan también en Mondoñedo, donde la directora de la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento fue a su vez autora de un proyecto de obra al que el Gobierno local concedió licencia en 2004. El ponente advierte también sobre la colisión de intereses en este caso.
En los informes de fiscalización del urbanismo los ponentes invocan dos normas, la Lei de Administración Local de Galicia y la Ley de Bases de Régimen Local, para advertir de que "las funciones atribuibles a los ayuntamientos responden a una necesidad de carácter permanente, cuyo desempeño debe encomendarse a personal funcionario como garantía de independencia, objetividad e imparcialidad".
Unos principios que también contravienen municipios como Sobrado, Silleda, O Rosal, Toques o Agolada que durante los últimos años han recurrido a asistencias técnicas y servicios de consultoría para resolver informes urbanísticos imprescindibles para otorgar permisos de construcción y obras. El propio Consello de Contas avisa en cada una de sus auditorías de que tales contrataciones irregulares podrían dar lugar a la invalidez de los actos administrativos, nulos desde el punto de vista legal.
Cabeza de Manzaneda, Montederramo, Pol, A Porqueira, Bande, A Bola, Marín y Rodeiro también han externalizado estos servicios saltándose la normativa legal. Y en otros municipios como Cerdedo, Riotorto y O Saviñao ni siquiera consta que exista alguna relación contractual entre los autores de los informes y los ayuntamientos. Idéntica situación es la que ha dado lugar en Barreiros a uno de los desarrollos urbanísticos más caóticos de la costa gallega, que obligó a la Consellería de Política Territorial a suspender en febrero de 2007 el planeamiento urbanístico de esta localidad lucense. Pese a haber visado en un año permisos para 6.000 viviendas, el Consello de Contas no ha podido averiguar la relación del autor de los informes con el Ayuntamiento de Barreiros. La auditoría a la gestión del Gobierno de Valdoviño determinó que el arquitecto municipal suscribió estudios antes de acceder al puesto por un concurso oposición.
En Pontecesures, el responsable de supervisar los proyectos urbanísticos fue contratado en "régimen laboral temporal", una práctica que según el informe fiscalizador vulnera la normativa de la función pública. El Consello de Contas asegura que "este tipo de funciones, dada su naturaleza y carácter permanente, deberían ser prestadas por personal sujeto al estatuto funcionarial".
Abegondo: juez y parte
El caso del municipio coruñés de Abegondo, que acaba de desembocar en el Juzgado Decano de Betanzos, es un buen ejemplo de la laxitud con la que operan algunos técnicos contratados por los ayuntamientos. Una denuncia del fiscal especializado en delitos urbanísticos imputa a los tres últimos arquitectos de Abegondo por un delito continuado de prevaricación urbanística. En la trama para urbanizar un monte protegido desvelada por el ministerio público llama la atención el papel de Antonio Carro Núñez. Según la querella, a lo largo de 2002 el arquitecto del ayuntamiento dio el visto bueno a la segregación de parcelas sobre suelo rústico y de especial protección que el Gobierno municipal del PP ratificó después con su voto.
Dos años más tarde, el propio Antonio Carro Núñez, ya desde fuera del ayuntamiento, firmó proyectos arquitectónicos y actuó en representación de los compradores de esas fincas y licencias para tramitar reformados sobre el permiso original para edificar viviendas unifamiliares. Tanto Carro Núñez como su sucesora en el cargo, Cristina Ballón López, y el actual arquitecto de Abegondo, Manuel Cortón Muinelo, están denunciados por intentar legalizar edificaciones en un monte. Igual que los dos últimos gobiernos del PP en el Ayuntamiento de Abegondo.
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